La UPRE y la transformación del país
Más allá de las críticas del oficialismo a un reportaje que devela mecanismos viciados en el sistema de adjudicación, el debate de fondo pasa por cuánto cambió el país con un gobierno de izquierda
Una investigación liderada por un periodista tarijeño y publicada en varios medios, entre ellos este, sobre la gestión de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestora del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple ha desatado la furia del expresidente y sus principales voceros, que no han tardado en salir a defender a su jefe criticando la investigación.
Si el titular hubiera sido “20 empresas favoritas se repartieron la mayoría de los programas de la UPRE durante una década” o “La mala gestión de los proyectos de la UPRE le costaron al Estado más de 100 millones de bolivianos” seguramente la reacción hubiera sido otra. Probablemente esos titulares eran los correctos, pero el equipo periodístico puso el dedo en la llaga del cambio prometido por Evo Morales y simbolizado en ese programa que primero financió Venezuela y luego el Presupuesto General del Estado, aunque con la misma lógica: discrecionalidad en la concesión y todo el protagonismo personalista para el presidente.
La investigación financiada por Connectas, que es una fundación periodística que lleva muchos años impulsando este tipo de trabajos de largo aliento, desvela un pernicioso sistema de ejecución: la inmensa mayoría de las obras se adjudica sin licitación a empresas invitadas, y de entre ellas, unas 20 se han adjudicado casi la mitad de los casi mil proyectos administrados directamente por la UPRE, pero además, casi todas ellas se crearon y viven única exclusivamente para gestionar proyectos de la UPRE. El propio Evo Morales lo reconoció ayer en su alegato: algunas no tenían ni carretillas.
El periodismo pone las cosas sobre la mesa, pero ya es el Ministerio Público quien debe decidir qué hacer con la información. Hasta ahora no ha dudado qué hacer: nada
Este es el fondo y lo que merece que los poderes públicos investiguen las responsabilidades, pues en esa relación tan cercana hubo modificaciones de contratos, plazos incumplidos y otras irregularidades que se pasaron por alto. El periodismo pone las cosas sobre la mesa, pero ya es el Ministerio Público quien debe decidir qué hacer con la información. Hasta ahora no ha dudado qué hacer con los muchos casos que iban goteando: nada.
Los voceros de Morales insisten en que el 90% de los proyectos los administraban los alcaldes, algo que es más o menos cierto pero que no es producto de esa investigación que se centra en el 10% de administración nacional, aunque habrá tiempo para todo.
También señalan que no es verdad que fue electoralista, pero sobre todo defienden el programa porque “transformó” Bolivia, algo que es sin duda cuestionable, aunque no en el marco de la investigación, sino en un plano netamente político. Calcular la transformación de un país con un gobierno de izquierda en un periodo tan largo no debería dejar espacio a la interpretación, pero lo cierto es que se construyeron muchas pequeñas y medianas infraestructuras y a nivel social ha habido una revalorización legítima y necesaria de las clases populares, pero la matriz productiva sigue enraizada en el extractivismo, la salud sigue enfocándose desde la lógica del seguro comercial, las pensiones son lo que son y la administración recién se estatizó aún prometiendo no cambiar nada de lo que hacían los privados, la precariedad laboral está a la orden del día y no hay reforma tributaria ni se le espera.
Algunos esperaban más de un proceso revolucionario. Ni modo.
