Dos años del 7M: Sin recursos no hay paraíso
Se cumplen dos años desde la elección subnacional sin que los ejecutivos triunfantes puedan desplegar sus promesas por la falta de recursos
Se cumple este martes dos años desde la elección de las autoridades municipales y de los gobiernos departamentales. Dos años que para algunos se han hecho casi eternos, mientras que otros apenas han salido de su despacho.
En general han sido dos años complicados, particularmente en Tarija, que venía perdiendo Producto Interno Bruto desde 2016, el año en el que el petróleo no convencional reventó los precios para siempre al convertirse en eficiente.
La elección de 2021 supuso un retorno definitivo a la normalidad democrática en el país, pues las lógicas electorales de los ciudadanos volvieron a responder de forma similar a las anteriores citas: en lo municipal importa más la persona que el partido y en realidad no importa casi nada el programa, porque todos más o menos prometen lo mismo.
En 2020 se había dado un vuelco contundente. El MAS agotado de Evo Morales se había estrellado en 2019 aun siendo la fuerza mas votada, pero la forma en la que se dieron los acontecimientos y, especialmente, la gestión de Áñez más allá de la pandemia, precipitaron un retorno a lo grande de un MAS que no era el de Evo, pero se le parecía bastante más allá de cómo después se hayan dado los acontecimientos. Aquella ola de “restauración” no tuvo continuidad en las subnacionales, donde al contrario, se puso en su lugar a muchas autoridades: Eva Copa ganó El Alto desafiando la maquinaria del MAS; Johnny Fernández ganó en Santa Cruz como otra opción popular y viejos lobos de mar como Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Iván Arias en La Paz y los propios Johnny Torres y Óscar Montes en Tarija ganaron las instituciones conformando esa suerte de contrapesos que funciona en Bolivia desde hace décadas.
El inicio de la gestión estuvo marcado por la pandemia y por la vulnerabilidad sobrevenida a muchas familias que vieron reducidos sus ingresos
El inicio de la gestión estuvo marcado por la pandemia, por el inexplicable retraso en el retorno a las clases y por la situación de vulnerabilidad sobrevenida a muchas familias que vieron reducir sus ingresos. Esto último sigue siendo hoy el principal problema en Tarija y el que debería guiar la acción más allá de las medidas coyunturales de bonos, etc., que todos ensayaron en su momento.
Dos años después de la elección, en la Gobernación se da por controlada – que no superada – la agobiante situación financiera mientras que la Alcaldía sigue ensayando modelos de reformulación. Cada cual ha trazado sus objetivos y probablemente es el tiempo de entrar al fondo.
La hoja de ruta de la Alcaldía es más nítida en tanto tiene que ver con asuntos muy físicos: segunda circunvalación, traslado del botadero, entierro de la DOT con una nueva gestión, etc., y en esas anda gestionando a un lado y a otro.
La Gobernación trata de enfocarse en lo productivo con unos ingresos torpedeados y casi siempre comprometidos, por lo que pone sus mejores oficios en la cooperación por encima de otras cosas, como la obra pública, prácticamente desaparecida por motivos evidentes.
Quedan asuntos pendientes también en el plano político, como la Ley Electoral, por ejemplo, pero cada vez se hace más evidente la necesidad de concentrar los esfuerzos en cambiar las reglas del juego a través de un Pacto Fiscal que realmente dote las competencias subnacionales y se apuntale tanto lo productivo como lo asistencial. Bolivia necesita dar un salto y la llave la tienen las autoridades subnacionales. El tiempo se acaba: sin recursos, no hay paraíso.
