El caos y la justicia comunitaria
Es necesario abordar esta anomalía incluida en la Constitución con muchos eufemismos y medias tintas, donde simplemente se deja hacer y se mira para otro lado
Eran otros tiempos, pero la semilla del caos se sembró en la Constitución Política del Estado de 2009, dando cualidades gubernativas a los Pueblos Indígenas, reconociendo privilegios por encima del común de los bolivianos y, a más, reconociendo incluso una Justicia Comunitaria Indígena independiente que, desde entonces, entra en colisión permanente con la misma Constitución que le da validez y con los Derechos Humanos.
Ya en su momento los pensadores más arraigados en la conciencia popular mestiza de Bolivia, como Andrés Soliz Rada, advirtió de lo que estos planteamientos podían generar en el país y de cómo otorgar semejantes poderes a pueblos por demás vulnerables no contribuirían a su desarrollo en absoluto, sino que más bien los convertiría en serviles a intereses económicos y normalmente, extranjeros.
El propio vicepresidente Álvaro García Linera, que fue uno de los pioneros con el recientemente fallecido Xavier Albó en impulsar estos planteamientos que alguna vez se consideraron ingenuamente románticos, no tuvo problema en girar 180 grados en su posición – como en otros temas – cuando se evidenció la irresponsabilidad y la afectación a los intereses del Estado que podía provocar. Y solo era el principio.
Todo, incluyendo los castigos físicos prohibidos por Derechos Humanos y CPE, en nombre de una supuesta Justicia Comunitaria
El asunto de la pasada semana en el Festival de Qhonqota con el concejal de Cultura de Uncía, Martín Choque, que en un ejercicio probablemente de mala educación, pero en su libre albedrío, decidió retirarle la silla del escenario a Evo Morales ha derivado en un nuevo conflicto sobre estos conceptos. Choque hizo un gesto de protesta porque en su conocimiento, Morales había politizado el acto con banderas del MAS.
Su acto no ha quedado impune: fue destituido de su cargo de concejal, fue chicoteado, su familia fue chicoteada y finalmente expulsado del ayllu, que se supone es la forma de organización ancestral más importante de occidente. Todo, incluyendo los castigos físicos prohibidos por Derechos Humanos y CPE, en nombre de una supuesta Justicia Comunitaria que bien podría considerarse de parte y a más, al servicio del caudillo del Movimiento Al Socialismo o de cualquier otro jerarca del poder, con lo que de Justicia tiene muy poco, y de comunitaria, tampoco.
Es necesario abordar de una vez por todas esta anomalía incluida en la Constitución con muchos eufemismos y medias tintas, donde simplemente se deja hacer y se mira para otro lado, y solo cuando entra en colisión con intereses poderosos se pone en consideración la prelación de justicias.
La Justicia está en horas bajas en el país y hace ya tiempo que no se puede considerar como tal, por lo que el riesgo es aún mayor. Sin Estado de Derecho, sin normas que deban ser observadas por todos los ciudadanos, pero sobre todo, por todas las instituciones y todos los poderes, el caos puede detonar en cualquier momento. Faltan referencias. Fata institucionalidad. Faltan líderes capaces de abrir los debates sin miedo al qué dirán, pero la Patria lo requiere.
