Elegir jueces sin miedo

Tal vez sea ingenuo creer que hay en algún lugar medio centenar de licenciados en derecho, con experiencia suficiente, valores morales inquebrantables y vocación de servicio a la Patria

Es extraño que antes de siquiera hacer el intento de pactar en el marco de la Asamblea Plurinacional se empiece a debatir ya cómo se cubrirán las acefalías en los principales órganos de administración de Justicia cuando los mandatos de los actuales caduquen a final de año.

El debate abierto da por hecho que no se logrará hacer la elección judicial que contempla la Constitución Política del Estado porque no habrá un acuerdo suficiente sobre los candidatos que pasarán el corte, ya que necesitan dos tercios, y por ende se deberá buscar algún subterfugio. Es curioso que se contemple incluso que el presidente los nombre directamente.

Si en algo están de acuerdo todos los bolivianos es que el sistema judicial está en descomposición, que ha perdido la escasa credibilidad que tenía, lo que comporta un problema grave para el Estado: el Estado de Derecho no es un invento para los ciudadanos, que al fin y al cabo cumplen las normas en dictadura o en democracia, sino para poder controlar al poder. Sin Justicia, el poder está descontrolado, y más o menos eso es lo que viene pasando en Bolivia desde hace demasiado tiempo pese a que los ciudadanos son capaces de autogestionarse en este vacío de autoridad.

El problema de la Justicia nunca estuvo en el voto, sino en el mecanismo de selección, en las rigideces de las campañas y en el miedo (o mezquindad) de los elegidos

Solucionar este desaguisado no es una cuestión frugal, no es inmediata ni hay fórmula mágica. Efectivamente es necesario un mayor presupuesto – aunque esto no es garantía para extirpar la corrupción – y mecanismos obligatorios de transparencia mucho más intensivos, que sigan la plata siempre y en todo lugar.

Además, hace falta que los futuros magistrados no tengan miedo, y eso solo se logra con una solvencia técnica alta y con legitimidad orgánica, y en eso, pocas cosas van a dar mayor legitimidad que el respaldo popular en una elección libre, abierta y democrática.

Hacer una revolución en la justicia sin eliminar la elección directa es prácticamente una obligación, pues el problema nunca estuvo en el voto, sino en el mecanismo de selección y sobre todo, en las rigideces de las campañas, ya que los candidatos ni siquiera podían expresarse libremente.

En la inmensa mayoría de los países del mundo, a los jueces los eligen los políticos. La mayoría por mecanismos acordados relacionados directamente a la proporcionalidad de los partidos en las cámaras de representantes, que son las depositarias de la soberanía popular. Es invocando a esa soberanía como se justifica la elección de unos y otros por bancadas, que ya internamente justifican por qué uno o por qué el otro: en teoría, los jueces no se alinean por partidos, sino por su forma de interpretar la aplicación del derecho, bien de forma más progresista o bien de forma más conservadora. En todos los países del mundo surgen las mismas dudas sobre la independencia judicial que en Bolivia, aunque con seguridad se solventan de otras maneras, pero lo de la meritocracia y lo de que “los jueces elijan a los jueces” teniendo en cuenta el sesgo de clase de la profesión – por la dedicación personal y económica que requiere – ni se plantea.

Tal vez sea ingenuo creer que todavía estamos a tiempo de encontrar medio centenar de licenciados en derecho, con experiencia suficiente, valores morales inquebrantables y vocación de servicio a la Patria que puedan ponerse al frente de los principales asientos judiciales. En El País aún lo creemos y por ello instamos a los políticos de todos los colores a abrir los ojos, despojarse de intereses mezquinos y trabajar de verdad para mejorar un órgano que, de continuar como está, nos acabarán devorando a todos.


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