La Justicia de elegir
La intención de boicot manejada por la oposición en las dos elecciones judiciales anteriores apenas sirvió para agudizar la debilidad de los jueces ante el todopoderoso gobierno de las mayorías absolutísimas
Tanto la oposición como el oficialismo están divididos sobre la forma de enfrentar las elecciones judiciales, aunque evidentemente hay una visión diferente del problema central. Para unos es un problema coyuntural, para otros un problema profundo y estructural. Lo bueno es que hay un punto en común: la Justicia es un desastre y requiere reformas. Lo malo, que ni unos ni otros acaban de creer en una Justicia independiente ni en las capacidades del Estado en garantizar que esto sea así.
La Constitución introdujo una fórmula ciertamente revolucionaria de elegir a los jueces, aunque no pionera, pues un puñado de países ya eligen a sus magistrados por voto popular. La medida en si es irrefutable y nadie puede considerar que el voto popular sea el origen de todos los males del poder público, sino tal vez todo lo contrario. La garantía del voto popular debería permitir a cada magistrado tener la suficiente autonomía como para ejercer su misión sin presiones.
En la mayoría de países, la elección de los altos tribunales está intermediada por la cámara de representantes, sean diputados o senadores, que son quienes acaban definiendo sobre ternas normalmente propuestas por las organizaciones profesionales, que a su vez se definen como progresistas o conservadoras de acuerdo a su interpretación filosófica de la aplicación del derecho. Obviamente se exigen requisitos potentes tanto de estudios como de trayectoria profesional lo que abre otra discusión de clase: solo los profesionales de familias pudientes son capaces de sostener carreras académicas que requieren muchos años de estudio, lo que al final acaba condicionando el criterio de los jueces en los grandes tribunales.
Hay otras fórmulas, como la que se aplica en Estados Unidos, donde los nueve magistrados del todopoderoso Tribunal Supremo son cargos vitalicios elegidos en cada momento por el presidente y confirmados después por el Senado.
En Bolivia, el procedimiento es el que ha acabado por generar más conflictos, ya que hasta este año la convocatoria y la criba de candidatos la ha hecho una Asamblea Plurinacional con mayoría de dos tercios del partido oficialista, por lo que se les acusa de haber conformado unos Tribunales monocolor. Sin embargo, cualquiera de las fórmulas alternativas que se emplean en otros países no hubiera dado resultados muy diferentes, porque el problema hubiera seguido siendo el mismo: la mayoría absolutísima con la que el MAS se ha desempeñado durante su gestión.
Las pugnas actuales se dividen entre si es más positivo asegurar que en los tribunales entre una minoría de bloque contrario por pacto en la Asamblea o a través de incorporar mejores candidatos, pues es evidente que la intención de boicot manejada por la oposición en las dos citas anteriores no sirvió apenas para incrementar la debilidad de esos jueces elegidos con apenas 200.000 votos frente a un poderoso gobierno.
La reforma de la Justicia era urgente y ya van dos años de gestión sin que nada pase, y aunque hacerlo al calor de una elección judicial no parece ser lo más adecuado, el tema no puede volver a ser archivado. A Bolivia le va demasiado en juego con esto.
