Votar la Justicia

El ministro Iván Lima ha abierto el melón. La elección judicial prevista para octubre de este ao es uno de los grandes escollos de la legislatura, básicamente porque la Justicia es el gran problema de Bolivia hoy. Y la gran vergüenza.

El poder judicial es de largo el menos confiable para los ciudadanos según diversos sondeos contrastados, esencialmente porque no ejerce como un poder, sino que más bien es una dependencia más del poder ejecutivo, desde donde se acomodan tiempos, procesos, jueces y probablemente, hasta sentencias.

La elección democrática de los jueces está constitucionalizada, y aunque desde hace años se ha convertido en un proceso desprestigiado y denostado por la opinión pública opositora, lo cierto es que la elección directa de autoridades judiciales es la que debería permitir romper roscas, eludir tiranías y, sobre todo, garantizar un acceso a los resortes del poder judicial más equitativo, porque aunque parezca trivial, el mundo del derecho está privatizado y privilegia a los más ricos, que pueden pasar más años estudiando, pueden pagarse las mejores maestrías y hacer mejores servicios, pero al final de la cuenta, tendrán siempre un sesgo de clase privilegiada desde el que se interpretan las leyes.

El problema, desde el principio, no ha sido la elección sino el proceso previo: la criba la realizaba una Asamblea Plurinacional con dos tercios del MAS; por lo que cualquier candidato “peligroso” simplemente no pasaba el corte. Además, las campañas se convirtieron en procesos enlatados donde no se puede discutir, ni hablar, ni conocer a la persona, sino que simplemente pasan a ser enumeraciones de logros. Así, en la elección de 2012 y 2017, la aplicación de la democracia en la elección de la justicia se redujo a elegir a uno u a otro, pero todos con el visto bueno del partido/gobierno. Además, la oposición simplemente negó el hecho y dispuso una campaña por el voto nulo que no tuvo mayor trascendencia mientras la justicia quedaba en manos de quién sabe quién.

La aritmética parlamentaria actual no garantiza que eso vaya a ser igual en las elecciones de este año, pues el MAS, que ya perdió los dos tercios, pero conserva la mayoría simple, se ha dividido. Así, cualquier candidato debe ser negociado entre las bancadas, al fin y al cabo, los depositarios de la soberanía nacional, para después pasar al escrutinio del pueblo, ya sin tantas caretas ni formalismos, pues en todo el mundo sucede exactamente lo mismo, aunque en general los jueces se distingan por “progresistas” y “conservadores” a la hora de interpretar la letra muerta de la Ley.

Esto es básicamente lo que Lima ha propuesto: acuerdo legislativo de listas y elección popular, donde el MAS confía en seguir ganando, pero donde la oposición podría tener “cuotas” que, al menos, garantizaran otras visiones dentro del poder judicial, algo que efectivamente, es sano para un país que presume de ser Plurinacional.

El asunto es matriz, el Estado está descarrilando por las malas decisiones tomadas sobre la Justicia – tal vez desde siempre -, la vulnerabilidad es grande y la percepción de que nada importa excepto el color del voto se asienta con tanta celeridad como peligrosidad. Toda la democracia está en riesgo en un país donde no hay Justicia.