Una respuesta para la vivienda

Seguramente la nueva modificación a la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda es necesaria, pero lo evidente es que en sus diez años de vigencia y con dos modificaciones, no ha logrado resolver el problema creciente del acceso a la vivienda en Bolivia.

La norma aprobada en el segundo gobierno de Evo Morales, ya bajo la nueva Constitución Política del Estado, responde evidentemente a las necesidades de una gran parte de la población que, además, constituían una de las bases del movimiento nacional popular del proceso de cambio.

La norma dispone que procede la regularización del bien inmueble urbano, destinado a vivienda que, como resultado del proceso de regularización, demuestren el cumplimiento de requisitos como el de contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda anteriores al 31 de diciembre de 2011.

También que exista posesión pública, continua, pacífica y de buena fe y que se encuentre en radio o área urbana homologada por Resolución Suprema o Resolución Ministerial; radio o área urbana aprobada por Ley Nacional.

No hablamos de los últimos de los últimos, sino de trabajadores activos acogidos a salarios “básicos” a los que jamás se les autorizará un crédito en una entidad bancaria

La ley ha logrado normalizar muchas situaciones alegales, dar dignidad a muchos asentamientos humanos y ciertamente, se puede decir que se ha ganado en dignidad colectiva. La ampliación del plazo, con ligeras modificaciones, y manteniendo el 2011 no tiene un estimado de familias que se pueden beneficiar, pero tampoco hay por qué pensar que solo queda gente interesada en colar fraudes por la ventana de esa ley.

La cuestión es que la vivienda sigue siendo un problema en Bolivia, como lo señalan las encuestas de población y lo pondrá de manifiesto en toda su extensión el próximo censo: cada vez se constituyen menos familias independientes, entre otras cosas, porque el precio de la vivienda la ha convertido en un bien de lujo y no en una necesidad básica. Miles de familias se hacinan en sus propiedades, miles de familias hacen hueco para que se constituyan otras dentro del mismo recinto habitacional, construyen nuevas plantas, pequeños adosados y sacrifican sus patios simplemente porque pensar en comprar una vivienda es inviable.

No se trata de que los jóvenes de hoy se lancen como tantos antes a asentarse sobre tierras públicas o privadas para pelear el derecho a tener un pedazo de tierra sobre el que construir los sueños. Bolivia es consciente de las debilidades que ese modelo ha generado. Sin embargo, nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, está planteando intervenciones básicas que ordenen el sector y lo saquen de las fauces de los grandes especuladores.

No hablamos de los últimos de los últimos, sino de trabajadores activos acogidos a salarios “básicos” a los que jamás se les autorizará un crédito en una entidad bancaria con fines de vivienda y que, con suerte, pasará su vida construyendo pedazos de cuarto con créditos de consumo al 18%.

La vivienda es el gran problema de las familias jóvenes de hoy y alguien debería tenderles una mano. El mercado no ha dado respuesta, la ampliación de las manchas urbanas tampoco y el programa de vivienda social apenas ha dado solución a comunidades que ya tenían bienes en propiedad. Toca ser creativos, pero justos. La burbuja se resiste.