Votar en 2023

Si algo ha marcado este 2022 ha sido la política, tanto la gruesa como la política del detalle, la del movimiento sutil. El Movimiento Al Socialismo ha vuelto a ser el partido hegemónico que copa todo el espectro mediático, pero esta vez por sus propias batallas internas, batallas que son de tan alta intensidad que está provocando sustanciales daños en la institucionalidad boliviana. El último ejemplo es el de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho para declarar por un caso de hace tres años, cuya aprehensión se ha ido contemporizando para ejecutarla en el momento políticamente seleccionado.

Ya a principio del año el asunto pintaba mal. Había quedado claro que existían dos bandos: uno, el de los seguidores de Evo Morales, que no admitían ningún tipo de crítica sobre la gestión 2006-2019 ni mucho menos, sobre todo lo acontecido en las elecciones de 2019, desde la postulación de Evo hasta su huida a México. El otro, más disperso pero formado principalmente por el núcleo indianista de David Choquehuanca y algunos jóvenes entusiastas del proceso además del bloque funcionarial próximo a Arce, que respetaban la historia y a sus líderes pero que consideraban que no se actuó bien a partir del referéndum de 2016. Un intercambio epistolar entre representantes de una y otra corriente mezclada con intentos de presión para ocupar más cargos en el gabinete abrió la caja de los truenos.

Arce pasó el trámite ratificando a todo su equipo y durante unos meses intentó mantenerse neutral, pero fue tomando posición a medida que fue viendo como el ataque a sus ministros se convertía en sistemático, especialmente contra el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, destapando escabrosos asuntos de narcotráfico al principio y, al final, acusándolo abiertamente de “narco” por parte de uno de los voceros más acreditados del evismo, Carlos Romero.

No se puede decir que Luis Arce haya traicionado ningún planteamiento preciso del proceso: no ha desnacionalizado, no ha abierto la mano a la exportación, ni ha cambiado ninguno de los mecanismos del diálogo social, de la prioridad campesina ni ningún otro. Además, culminó el proceso contra Jeanine Áñez a quien se le acusa de golpista y que resulta básico para apuntalar el relato de Golpe de Estado que necesita Morales para salvar su legado y ha concretado a última hora la aprehensión de Camacho como le exigía esa parte del partido. A pesar de ello, el propio Evo Morales ha sostenido una ofensiva total contra el gobierno, al que acusa de una derechización total y de haber pactado precisamente con Camacho: “gobernabilidad por impunidad”, decía antes de este miércoles.

Todos los partidos tienen derecho a tener discrepancias internas, pero cuando estas se convierten en asuntos de Estado, cuando se utilizan para presionar y buscar reacciones, cuando ponen en solfa la unidad nacional y someten a los bolivianos a tensiones violentas, el asunto trasciendo todos los límites. Probablemente al MAS le va mucho en juego en esta batalla, pero no es tolerable que día sí y día también se intercambien acusaciones de complicidad con el narcotráfico, de corrupción y de manipular al antojo las instituciones sin que no pase nada. No se puede pensar en controlar el partido y destruir el país.

2023 debía ser un año para poner en orden el país, priorizar la gestión, apuntalar los principios económicos y avanzar; hoy por hoy, todo voló por los aires y la mala política vuelve al centro. Por ello, solo hay una forma de poner las cosas en su sitio dándole la voz a los ciudadanos. Todo parece apuntar a que 2023 debe ser un año para pasar por las ánforas. Para que el soberano, finalmente, sea el que ordene esta coyuntura.