Santa Cruz: El “procés” más raro del mundo
El Comité sabe bien que no debe alejarse de esas claves participativas para darle legitimidad a una propuesta política que bien se parece a un programa electoral
Después de unas semanas de incertidumbre, el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha hecho público un documento en el que explica a grandes rasgos cómo será el proceso con el que se pretende establecer una “nueva relación con el Estado”, una hoja de ruta aparentemente validada por uno de los cabildos más multitudinarios de la historia – que gritó sí sin apenas escuchar la pregunta -.
El documento, de cuatro páginas, establece un marco conceptual y una metodología para la formulación por parte de Santa Cruz de cómo debe ser esa nueva relación, y en la propia redacción del documento parecería que hay más interés en diseñar esa propuesta en realidad llegarla a negociar con el Estado por muchas referencias que haga a que debe ser alcanzable y medible, muy en la línea de las formulaciones teóricas de proyectos que se llevan ahora en el campo de la sociología.
Santa Cruz tiene derecho a reclamar más autogobierno pero debe acordar el marco de con
El documento dice que esta necesidad de formulación surge de un “maltrato crónico” a la región, pero establece que primero se hará un diagnóstico en función de las consecuencias políticas, económicas y sociales que el actual modelo ha generado con el fin de analizar qué se podría cambiar; además dice que todo se hará conforme al marco constitucional, pero sin esperar a nadie, especialmente a los departamentos “que no han mostrado una voluntad de autogobernarse”.
En la parte metodológica, el Comité se da nueve meses para que una comisión anónima establezca una propuesta, pero asegura que para ello habrá una fase de consulta y generación de propuestas que “tendrá amplia base social y se originará en la sociedad civil cruceña”, una suerte de anticipación de resultados que genera suspicacias.
El Comité sabe bien que no debe alejarse de esas claves participativas para darle legitimidad a una propuesta política que bien se parece a un programa electoral y del que se descuenta el resultado final. Insistir en la constitucionalidad del proceso es otra de las claves, más allá de que en la realidad, lo sea.
La parte de verdad que subyace bajo la petición, que es que Bolivia sigue siendo un Estado centralista donde las competencias autonómicas son mínimas y sin dotación económica suficiente para ejecutarla, no impide advertir en el proceso un poso egoísta y un camino de confrontación que busca la reproducción en el poder de unas clases y unas lógicas dominantes “amenazadas”.
Santa Cruz tiene derecho a reclamar más autogobierno en el margen abierto de la Constitución y siempre que demuestre capacidad de gestión, y es cierto que en estos procesos no funciona el “café para todos”, pues aún hoy hay departamentos que no han validado sus estatutos con sus ciudadanos y que no desean más autogestión, por ello se deben poner todas las alertas para impedir que una reclamación legítima se convierta en una herramienta de confrontación que avive el racismo y el clasismo y acabe ahondando en la división boliviana, sobre todo cuando el asunto no ha sido impulsado desde la base, sino que más bien es una propuesta de la élite validada en un cabildo, o es un referéndum.
El peor error en el que podría incurrir el gobierno es en minimizar el desafío y criminalizar al conjunto del pueblo cruceño. Es necesario poner atención a las demandas y explorar sus soluciones. Salvaguardar la convivencia es poner las bases de una unidad nacional sólida y con futuro. Es necesario.
