El proceso de Perú
La constituyente es ineludible, parte de un proceso que empezó eligiendo a un maestro rural como presidente, un proceso que no necesariamente necesita de “héroes” ni rostros, pero sí cambios
Para los recién llegados, la crisis en Perú inició hace una semana, cuando en el último intento desesperado, sin apoyo de ningún poder pero con la Constitución en la mano, Pedro Castillo, comunicó la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones constituyentes en el plazo que estipula el texto.
En unas horas se iba a votar en el Congreso una tercera moción de vacancia – un mecanismo que contempla la Constitución peruana con un justificativo tan laxo como “incapacidad moral permanente”, donde se pueden alegar sospechas y prejuicios sin necesidad de ninguna sentencia – y el mismo Congreso había tumbado su gabinete en dos ocasiones, abriendo precisamente las posibilidades del gobierno de excepción.
La crisis peruana, sin embargo, no empieza ahí sino que se remonta a mucho más atrás y en general, al igual que Bolivia, arrastra muchas taras de una descolonización incompleta donde se han mantenido agendas de clase y prejuicios racistas, y a lo que se ha sumado, a diferencia de Bolivia, un peso extremo de Lima en todos los sentidos y un conflicto terrorista que ha acabado por condicionar todos los procesos en los últimos años.
El estallido popular y el descreimiento con el sistema no empezó la semana pasada, de hecho, Pedro Castillo fue la solución a esa situación de podredumbre con una promesa de cambio
El estigma del terrorismo de Sendero Luminoso ha anulado cualquier iniciativa popular y rural. Así, la rosca limeña se ha ido haciendo con el poder en un sistema de partidos que fragmenta mucho el voto y la representación en el Congreso, algo que después condiciona al presidente electo en sistema presidencialista.
Todos los presidentes electos desde Fujimori han pasado por la cárcel, o son prófugos como Alejandro Toledo, o se quitaron de en medio como Alan García, suicidado el día que la policía allanó su casa con orden de aprehensión. El último en acabar el mandato fue Ollanta Humala (2011-2016), que ingresó en prisión un año después por vínculos con el Lava Jato. Después llegó Pedro Pablo Kuczynski, que duro año y medio antes de renunciar horas antes de una moción de vacancia por escándalos también relacionados con Odebrecht; le siguió su vicepresidente Martín Vizcarra, que duró hasta noviembre de 2020 cuando en plena pandemia fue vacado por unos asuntos de corrupción no probada de sus años de gobernador hace una década. Después vinieron los de transición, Manuel Merino que duró cinco días y renunció entre protestas y Francisco Sagasti, que mal que bien llevó al país hasta las elecciones de julio de 2021.
El estallido popular y el descreimiento con el sistema no empezó la semana pasada, de hecho, Pedro Castillo fue la solución a esa situación de podredumbre en unas elecciones, las de 2021, donde ningún candidato pasó del 15 por ciento salvo el, y que se acabó imponiendo en segunda vuelta por apenas 40.000 votos pero con un mensaje claro: reforma constitucional y de alcance, es decir, con el ordenamiento minero y demás también en juego.
Es posible que Castillo olvidara al llegar al cargo su hoja de ruta, que no es otra que la de dar voz al pueblo para cambiar su institucionalidad. La constituyente es ineludible, parte de un proceso que empezó eligiendo a un maestro rural como presidente, un proceso que no necesariamente necesita de “héroes” ni rostros, sino que es una conquista del pueblo que hoy se manifiesta en el sur, en el norte y también en Lima. Perú debe continuar su proceso sin personalismos: convocar ya elecciones constituyentes es incluso más importante que elegir un nuevo presidente y un Congreso que seguirá siendo ruin y chantajista si no se cambian las reglas del juego.
