El presupuesto y la paz social

El gobierno ha salvado una de las piedras de toque más delicadas en este fin de año. In extremis y con una negociación demasiado por fuera de lo estrictamente económico, se aprobó el Presupuesto General del Estado con apenas 68 votos (sobre 130) en Diputados, donde formalmente el MAS tiene 75. Las negociaciones han permitido que el sector evista ceda votos y no provoque un cataclismo político al deja al país sin presupuesto para 2023, o políticamente peor visto, obligar a Arce a buscar apoyos en las bancadas opositoras de Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho, donde tendría que haber hecho más concesiones.

Con toda seguridad, la demora en la aprobación se debe a los conflictos políticos internos del MAS, que afectan a la propia estabilidad del Estado, sin embargo, es cierto que el presupuesto rompe con algunas de las ideas de continuidad que el propio Arce colocó desde el principio en su labor como Ministro de Economía, y al mismo tiempo, se sincera en otros aspectos, como el de la subvención a los hidrocarburos. El Gobierno esta vez ha optado por colocar un precio de referencia mayor al habitual y más cercano a las proyecciones de los expertos, que sitúan el barril WTI de referencia para América en el entorno de los 75 dólares.

Así, el presupuesto crece, lo que es una práctica sostenida la de superarse cada año, aunque luego en la ejecución no se cumpla, pero además es más prudente: contempla mayores ingresos para el Estado por gas y petróleo, pero toma previsiones para pagar la subvención del combustible, que en este 20023 se prevé elevadísima de nuevo en tanto nadie contempla un fin inminente del conflicto en Ucrania.

Elevar los ingresos también permite maquillar el volumen de dinero que se va a solicitar a través de los grandes bancos occidentales para cubrir el desfase, cada año mayor, dado que los intereses suben y los bonos soberanos, con una calificación a la baja, están resultando un instrumento financiero poco atractivo para los inversores, lo que efectivamente se traduce en más intereses por pagar.

Aunque sigue siendo el pilar central de país, el presupuesto modera la inversión pública en un fuerte contexto de recesión mundial, pero acepta mayor inflación – por encima del 3 por ciento – para tirar de un crecimiento que debería rozar el 5 por ciento al acabar 2023, y por lo demás, lo de siempre: el presupuesto no se pacta con las gobernaciones, que apenas deben remitir sus planes operativos para ser consolidados o modificados a criterio del poder central, ni tampoco con municipios o ninguna otra entidad de fuera de La Paz. Cabe decirlo.

La apuesta de Arce tiene algunos elementos de riesgo y un fuerte contenido político que interpreta la coyuntura, que no será fácil. La economía se ralentiza, el gas se acaba, los alimentos suben. Arce va a tener que aplicarse para que ningún sector acabe damnificado, pues si algo no le interesa en este momento es una protesta social sólida, algo para lo que otros, sin duda, sí trabajan.