La percepción de la corrupción y la corrupción transnacional
Aquellos ciudadanos que tienen sus necesidades cubiertas no se preocupan demasiado por saber qué sucede con los recursos públicos ni les preocupa de donde proceden los grandes beneficios privados
El 9 de diciembre es ya un clásico en esto de la política bienintencionada. Un día de rasgarse las vestiduras, mirar índices internacionales elaboradas por eficientes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o sus contratadas en base a criterios tan científicos como la autopercepción y que los políticos usan para prometer que, con ellos, nada de eso pasaría.
Desde el año 2003 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por esa misma ONU, con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás.
Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial.
Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es diez veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos, algo que efectivamente se sospecha sucede en Bolivia.
La campaña de este año, como tantas, vuelve a mirar al ombligo de la organización: "A 20 años de la Convención de la ONU: uniendo al mundo contra la corrupción" y se supone que durante 2023 se reflexionará sobre un mundo mejorado gracias a la aplicación de esta norma, y sobre todo pensar qué brechas quedan para que esta herramienta sea un instrumento verdaderamente útil para terminar con la lacra de la corrupción.
Una de las grandes herramientas que utiliza la ONU en este día es la del “índice de percepción de la corrupción (IPC)” que es una valoración que realiza un grupo de expertos a través de encuestas a la población, para saber la percepción que tiene la gente con respecto a los niveles de corrupción de sus gobernantes o el sector público en general. Invariablemente, los ciudadanos de los países más pobres perciben a sus gobiernos y sus países como los más corruptos y no es difícil de entender las razones: aquellos ciudadanos que tienen sus necesidades cubiertas no se preocupan demasiado por saber qué sucede con los recursos públicos ni les preocupa de donde proceden los grandes beneficios privados. En esto, la necesidad es virtud, sin embargo.
Posiblemente se podrían elaborar otros índices que dieran visiones diferentes de este flagelo, como por ejemplo, cuánto dinero de la corrupción guardan los países ricos en los paraísos fiscales respecto a los países pobres y cuánto se “redistribuye” mediante esas redes corruptas en la sociedad cual capitalismo ortodoxo; o qué empresas de qué países se benefician más de la corrupción, o a más, transparentar en qué se gastan los cientos de millones que cada año gasta la propia ONU en su multitud de misiones de éxito muy moderado.
La corrupción es transnacional, los grandes negocios tienen altas dosis de oscuridad, pero esto no parece interesarle demasiado a la ONU, más preocupada por cuánto hartos estamos de pagar coimas a policías y funcionarios de cuarta para agilizar tal o cuál trámite, que evidentemente lo estamos.
Son los ciudadanos los que tienen el poder directo en la lucha contra la corrupción, pero no son precisamente los cauces institucionales que tanto le gustan a la ONU los más propicios para expresar el descontento. Mientras, alguien debería hacer algo para poner coto a las prácticas abusivas internacionales que, al final, siempre acaban pagando los más pobres.
