Perú y su Constitución

Castillo tenía derecho a intentar cambiar la Constitución, pero es evidente que su plan no ha funcionado porque probablemente, nunca tuvo uno

Perú necesita una nueva Constitución. La actual fue prácticamente dictada por el convicto expresidente Alberto Fujimori en 1993 llenándola de trampas a la medida de su autocracia, pero que con el tiempo, se ha ido convirtiendo en una máquina de devorar presidentes.

Desde el 93 ha sido reformada en el Congreso en 12 ocasiones y desde el 2017 todos los años ha habido reformas incorporadas a la medida de unos o de otros. En este periodo, todos los presidentes han topado con la Justicia: Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad, pero Alejandro Toledo está prófugo en Estados Unidos; Alan García se pegó un tiro en la sien cuando la Policía entró en su casa con una orden de arresto; Ollanta Humala fue recluido preventivamente por el caso Lava Jato y hoy sigue en investigación; Pedro Pablo Kuczynski duró apenas 20 meses en el cargo también por sus vínculos con Odebrecht y su sucesor, Martín Vizcarra, duró dos años y medio pero también fue vacado por corrupción en su época de gobernador.

Castillo se quedó sin partido a las primeras de cambio y fue saltando de aliado en aliado con escaso criterio, pero, sobre todo, escaso apoyo

Sin embargo, no es solo esa crisis política permanente la que exige un cambio total del espíritu constituyente en una nueva consulta, sino su concepción ultraliberal propia de aquellos años, con el Estado subsidiario y la anulación de los artículos que promovían la reforma agraria y la protección laboral entre otros, y que hoy han configurado un Perú desigual y esencialmente concentrado en Lima, donde vive un tercio de la población que asciende a los 33 millones de personas, y donde el resto del país apenas tiene un interés etnográfico y es considerado terreno apto para la depredación de las grandes transnacionales mineras, petroleras, madereras y del narcotráfico.

Perú es el segundo productor mundial de Zinc, Plata y Cobre, el tercero de plomo y el séptimo de oro.

Castillo tenía derecho a intentar cambiar la Constitución, pero es evidente que su plan no ha funcionado porque probablemente, nunca hubo siquiera plan más allá de una voluntad clara sin dimensionar los alcances de tamaña tarea, más sin cultivar una verdadera relación directa con las clases populares que lo eligieron.

El ya expresidente se presentó a las elecciones con intención de hacer ruido y acabó siendo el más votado en primera vuelta, pero con apenas 18%, y ganando la segunda vuelta por apenas 40.000 votos contra Keiko Fujimori y todos los demás. Todos: políticos, militares, jueces, empresarios, policías y el imperio mediático de los Vargas Llosa. Castillo no tuvo un solo día de respiro. Castillo se quedó sin partido a las primeras de cambio y fue saltando de aliado en aliado con escaso criterio, pero, sobre todo, escaso apoyo: la izquierda se borró y ninguno de los amigos y presidentes de América Latina de corte izquierdista le tendió la mano. Ayer todos quedaron mudos de entrada y solo muchas horas después atinaron a lanzar comunicados hablando de democracia y orden constitucional, la mayoría sin siquiera mencionar a Castillo.

En su huida hacia delante, Castillo disolvió el Congreso y convocó elecciones constituyentes, pero ya era tarde, la enésima moción de censura estaba en marcha y esta vez fue vacado y poco después, detenido por la Policía. Uno más a la lista de presidentes peruanos atrapados por la Justicia.

Ahora, habrá o no protestas, habrá “continuidad constitucional”, nuevos gobiernos que se repartan el poder con el Congreso en los próximos tres años siempre amenazados por la vacancia. Habrá tal vez un nuevo liderazgo que sí sepa canalizar la voluntad de miles que votaron en contra del sistema putrefacto y no necesariamente a favor de Castillo, y es que, sobre todo, seguirá habiendo una cosa clara por encima de todas: Perú seguirá necesitando una nueva Constitución.


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