El INE, el TSE y la exageración de los plazos
La velocidad con la que se pretende tratar el asunto del censo y su aplicación de resultados está privando la oportunidad de profundizar en la reincorporación del sistema de transmisión rápida de datos en la noche electoral
Si algo nos está dejando en claro este embate sobre la ejecución del Censo de Población y Vivienda es el del absoluto desprecio por lo técnico, y no solo porque desde el espacio político se infravalore, sino también porque desde el espacio de los supuestos especialistas se cometen tropelías que ponen en evidencia la credibilidad de todo el trabajo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), que a saber cuándo será capaz de institucionalizarse como se debe, ha dado muestras de esta incapacidad no solo porque en el periodo intercensal se hayan olvidado de encarar tareas básicas como la actualización cartográfica, sino porque hasta en la mera hora de la verdad lograron embaucar ministros hasta dejarlos en evidencia solo unas semanas después.
Todos los países del entorno lo utilizan y Bolivia se merece acostarse en la noche electoral sabiendo quién será su futuro presidente sin zozobra
En esas manos está depositada la confianza en la credibilidad del Censo de Población y Vivienda, como también lo está en los datos de desempleo, de crecimiento o de pobreza relativa, aunque claro, en su descargo siempre estará el hecho de necesitar una dotación económica mejor para tener más y mejores recursos humanos que pongan a disposición de la población toda la información.
Más grosera es la aseveración del Tribunal Supremo Electoral al exigir los datos definitivos del Censo un año antes de que se concurra a las elecciones de 2025 para así poder actualizar la distribución de curules, un ejercicio que al fin y al cabo pasa por hacer unas sumas y divisiones más o menos equitativas entre circunscripciones electorales en función de los datos desmigajados que propondrá el INE. Ni siquiera es una cuestión de dedicar más personal o más recursos.
De momento esta aparente exageración en la solicitud de tiempo está pasando desapercibida en la agenda precisamente porque a lo técnico no se le atiende demasiado, pero el impacto definitivo que puede tener este punto en el conflicto no es menor.
Por otro lado, la velocidad con la que se pretende tratar el asunto del censo y la forma de garantizar la aplicación de resultados está privando la oportunidad de profundizar en un debate mayor sobre las obligaciones del TSE en el marco electoral, y en particular, sobre la incorporación – de nuevo – del sistema de transmisión rápida de datos en la noche electoral.
El fiasco de 2019 sigue pesando como una losa y parece difícil que en el corto plazo se pueda volver a confiar en un sistema de transmisión rápida que deja de lado los controles humanos para garantizar la velocidad.
El asunto es por demás necesario, todos los países del entorno lo utilizan y Bolivia se merece acostarse en la noche electoral sabiendo quién será su futuro presidente sin zozobra y con seguridad, pero eso pasa por un compromiso político y mucha pedagogía, algo extensible al resto de polémicas en los que se involucran plazos que se manejan alegremente.
El TSE tiene una larga tarea por delante para construir algo de confianza en su función. Ningún bien le hace brindarse a los juegos de los otros poderes del Estado.
