El desafío de Santa Cruz
El escenario se ha vuelto complejo por la interna y por la externa, pero no debe haber dudas de que la principal misión de cualquier gobierno es salvaguardar la unidad del Estado.
El Comité Pro Santa Cruz ha puesto finalmente todas las cartas sobre la mesa. La legítima pugna por la realización del Censo de Población y Vivienda, que efectivamente tiene una consideración política de primera magnitud, ha acabado convirtiéndose en excusa para lo que desde el inicio de la legislatura del gobernador Luis Fernando Camacho, cuando no desde su propia irrupción en la vida política, parecía asomar en su agenda: renegociar la relación política de Santa Cruz con el Estado.
El presidente cívico Rómulo Calvo ha hablado claramente de redefinir la relación con el Estado apelando al derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos, obviamente desde la perspectiva victimista, que es la que suele alimentar los movimientos de este tipo, especialmente de los territorios ricos sobre las naciones pobres: “Partimos de la premisa de que si el Estado boliviano nos agrede continuamente, no nos reconoce y no nos acepta como parte de la bolivianidad, tenemos todo el derecho de replantearnos nuestra relación con él, y analizar todas las opciones, viables constitucionalmente, para elegir nuestro destino”.
Así, el cabildo, convertido en el instrumento de referencia para esa parte de Santa Cruz pese a que no hay deliberación alguna, ya ha “autorizado” a crear una comisión constitucional que analice las formas de encaje en el Estado – que van desde una mayor transferencia de competencias autonómicas hasta un estatus de Libre Asociación como el de Puerto Rico o directamente la independencia –, y además ha soltado lastre con el resto de departamentos, a quienes no considerará en su toma de decisiones si no muestran verdadera adhesión a los planes cruceños en las próximas 72 horas.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Luis Arce, presionado por el escenario internacional, por el jefe de su partido y ahora, por un desafío independentista del territorio más rico y más poblado del país, que no ayudará mucho a mejorar la calificación de riesgo país de las agencias en un momento en el que se va a necesitar financiación externa para sostener el modelo económico boliviano de la baja inflación y el alto crecimiento.
De entrada, la solicitud es prácticamente inaceptable. Los cívicos piden liberar a los detenidos acusados por incendiar las oficinas de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas en Santa Cruz, según el ministro Del Castillo, con 66 personas dentro.
En paralelo, la posibilidad de negociar la fecha del Censo ha dejado de ser competencia del ejecutivo y pasa a serlo del legislativo, que puede considerar tratar una Ley, pero, que, en cualquier caso, ya solo le restaría al ejecutivo.
El escenario se ha vuelto complejo por la interna y por la externa, pero no debe haber dudas de que la principal misión de cualquier gobierno es salvaguardar la unidad del Estado. Acabadas las mayorías absolutas, es la hora de la política gruesa y con mayúscula. De esta crisis Bolivia debe salir más fuerte y, sobre todo, unida.
