Evo y el Estado de Derecho

Si Morales está siendo investigado, debe trascender; si no, se debe desautorizar, y por supuesto se debe abrir una investigación por los casos de encubrimiento al narcotráfico

Las acusaciones vertidas por el expresidente Evo Morales Ayma son de una extraordinaria gravedad, y el Gobierno no debería dejar pasar los días como si no pasara nada. Tampoco la Justicia, aunque ese es otro problema. No responder implica de alguna forma reconocer que en el Estado profundo existen redes que operan al margen de la Ley.

El expresidente ha sido claro y concreto y ha hablado de un grupo al que denomina Pachajcho conformado aparentemente y según sus declaraciones entre el Ministerio de Defensa – gobernado por Edmundo Novillo, quien supuestamente era cercano a Evo – y el jefe del Estado Mayor del Ejército con militares expertos en inteligencia y pinchazos telefónicos.

De la misma forma y con la misma contundencia, Morales asegura que hay ministros que protegen el narcotráfico – en lo que es una alusión directa al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, otro blanco habitual de sus críticas – y se comprometió a reunir pruebas para mostrárselas al presidente Luis Arce, a quien también le regaló un buen puñado de críticas y acusaciones en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca y que se ha convertido en su confesionario particular donde desvela todo tipo de trifulcas y rivalidades.

Que Morales hable tan a las claras de grupos irregulares en el gobierno dedicados a actividades políticas y al espionaje invita a pensar que no es la primera vez que esto esté sucediendo; que reitere que en cada ministerio hay gente que le informa directamente, policías incluidos, no es tranquilizador, y desde luego, hablar con tanta crudeza de la infiltración del narcotráfico en el gobierno, siendo además el presidente de las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba y haberlo seguido siendo durante sus 15 años de gobierno, es un escándalo. De hecho, que nadie se escandalice también lo es, pero eso es otra historia.

El Estado de Derecho no es un invento para controlar al pueblo, sino precisamente a los gobiernos. Los ciudadanos cumplen las leyes por puro instinto de supervivencia, se dicten en democracia o en dictadura, pero los gobiernos democráticos y todas sus dependencias deben cumplir con todas las disposiciones constitucionales y rendir cuentas, lo contrario es dictadura, y aunque nos hemos acostumbrado a ver como el gobierno viola leyes – por ejemplo, las laborales – a la vista de todo el mundo no puede tomarse como que sea tolerable.

Si Morales está siendo investigado, debe trascender; si no, se debe desautorizar, y por supuesto se debe abrir una investigación por los casos de encubrimiento al narcotráfico donde Morales, acusador, debe explicar su verdad.

Lo del MAS hace tiempo que ha dejado de ser una pelea interna por asuntos ideológicos o estratégicos. El Gobierno debe despejar cualquier sombra de duda o asumirla con todas las consecuencias. Bolivia debe avanzar y no hay mucho tiempo para distracciones.


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