Última hora de la Justicia
La Justicia acomodada a la política ha trascendido límites y se ha dedicado a negociar también sentencias relacionadas a los crímenes más horrendos, y a dejar en libertad a los criminales más despiadados
El olor de la Justicia ha alcanzado niveles intolerables que hacen imposible la coexistencia de la misma con la especie humana. En Bolivia, la justicia debe cambiar y lamentablemente, que eso pase aún está en manos de los políticos. Al ritmo que vamos, tal vez pronto la indignación supere los niveles de resiliencia de la población y algo haga estallar la rabia acumulada si nadie hace nada antes por evitarlo.
Hasta hace no mucho se asumía que los políticos, de todos los colores, gozaban de privilegios en la administración de justicia. Que ellos eran capaces de dar con las teclas que les garantizara una impunidad a ojos vista vergonzosa. Solo hace falta recordar los últimos 15 años de la historia autonómica de Tarija, donde los escándalos han estado a la orden del día pero por los que prácticamente nadie ha pasado por prisión. Ni siquiera aquellos que eran verdaderos incordios del régimen gobernante.
No es que esto le hiciera gracia a nadie, pero se asumía como una propia lógica del poder que al final, viene a ser la característica que más pone en cuestión la calidad de nuestra democracia. Sin estado de derecho no hay democracia y el estado de derecho no es para los ciudadanos, que cumplen la ley igual en democracia que en dictadura por el simple temor de ingresar en prisión o pagar multas elevadas. El estado de derecho obliga precisamente a los gobernantes, a los estados.
No hace falta que venga García Sayán a recordarnos el estado calamitoso de la justicia, aunque evidentemente se agradece que lo radiografíe. Solo en los últimos años hemos tenido un Tribunal Constitucional que avaló que Evo Morales se saltara el resultado de un referéndum Constitucional; que después avaló la posesión de Jeanine Áñez en una sesión sin quórum y que finalmente, cuando el MAS volvió al poder, desconoció sus propios actos alegando quien sabe qué.
De esa misma forma, el Tribunal Supremo suele “sorprender” con fallos tácticos y ajustados a los cronogramas políticos, sobre todo en lo que se refiere a esa figura tan boliviana de “ejecutoriar la sentencia”, que por años deja libre a docenas de delincuentes de guante blanco, pero también de manos manchadas de sangre.
Por ahí vino el escándalo en enero. La Justicia acomodada a la política había trascendido límites y se había dedicado a negociar también sentencias relacionadas a los crímenes más horrendos, y a dejar en libertad a los criminales más despiadados. Una comisión se puso a analizar más de un centenar de causas irregulares o que habían acabado con los criminales desaparecidos, pero aparte de haber destrabado algunos consorcios ilegales y haber retornado a algunos sentenciados a prisión, su trabajo se fue diluyendo en una serie de recomendaciones obvias.
Es necesario un acuerdo nacional que impulse el cambio sustancial de la Justicia, aunque todo parece apuntar a que unos y otros solo quieren asegurarse las formas en las que se garanticen la existencia de jueces afines, o al menos claramente vulnerables para que las sentencias se puedan acomodar a las necesidades políticas.
Lo que está en juego es la viabilidad del Estado, ojalá nadie lo minimice.
