Petroquímica: lo que pudo ser y no fue
Las sospechas de corrupción por un informe de adjudicación “extraño” evitó un escándalo, pero dejó una gran inversión como la Separadora sin utilidad real
A estas alturas, volver a hablar de la planta petroquímica de Yacuiba parece ya un anacronismo, pero lo cierto es que alguna fue el proyecto más importante en la agenda del país y que sin embargo nadie se atrevió a ejecutarlo.
El plan estaba trazado desde antes de que el Movimiento Al Socialismo llegara al poder. Era uno de los pilares esenciales de la agenda de 2003 y la razón que le daba sentido a la nacionalización. No se trataba de cambiar las reglas del juego para seguir exportando bajo otro esquema de reparto de beneficios – que, a juzgar por la respuesta de las petroleras, fue beneficioso para ellas -, sino de afianzar una palanca que permitiera un cambio real en los planteamientos del país: era la industrialización real.
Su antecesora, la planta separadora de líquidos de Yacuiba, supuso el mayor esfuerzo en infraestructura del país. Empezó costando 450 millones de dólares en 2006 y acabó costando casi 800 en 2014, cuando al fin se entregó. Por el medio hubo un poco de todo, pero sobre todo una paralización poco justificable, ya que la corrupción salpicaba a la obra similar en Río Grande y no en Yacuiba.
Durante todos esos años, el gas se siguió enviando con licuables a la Argentina, cuyo contrato establecía gas seco, así que era un problema nuestro que ellos aprovechaban en Capo Durán, al otro lado de la frontera. Cuando se inauguró la planta, en teoría, eso dejó de suceder, pero pronto se llegó a la conclusión de que se producía más GLP del que se necesitaba y no había donde exportarlo. La obra dejaba de tener sentido sin la planta petroquímica adyacente que debía utilizar precisamente esos licuables para convertirlos en resinas de polipropileno.
Nunca ningún ministro mostró demasiada voluntad por esa planta. Tal vez solo Juan José Sosa, que hizo a Evo Morales llegar a Tarija para garantizar su construcción en Yacuiba en 2014. Su sucesor, Luis Alberto Sánchez, medio que supervisó un intento de licitación en el que concurrieron las principales empresas del rubro en el mundo, pero llegado el momento y de nuevo motivado por un caso de corrupción que no tenía que ver con la petroquímica, sino con la compra de unos taladros en Italia, las sospechas empezaron a crecer y la licitación se detuvo. Guillermo Achá, entonces presidente de YPFB, acabó en la cárcel y el proyecto se perdió en un armario.
Las sospechas eran legítimas: la misma empresa que había hecho todos los procesos de identificación del negocio y la que había construido la separadora se habían aliado y se iban a llevar la petroquímica, lo que hubiera sonado demasiado mal. Sánchez habló entonces de las licencias y los procesos químicos identificados como sospechosos y de buscar fórmulas para reiniciar la licitación.
El problema es que era 2017 y hoy es 2022, que el gas se va acabando, los recursos del TGN también y los préstamos se encarecen mientras nadie toma una decisión definitiva y la separadora sigue produciendo más y más GLP sin destino alguno.
