Enterrar la DOT

El desafío es grande, probablemente titánico y casi imposible, pero nada liberaría más al municipio de Tarija de cualquier sospecha de corrupción e ineficiencia que cerrar la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

La DOT es, desde siempre, una entidad prácticamente autónoma y cerrada a cualquier injerencia; sus funcionarios han desarrollado sus propios códigos que comparten un puñado de constructores y un puñado algo más amplio de abogados. El aire pesado se siente en el propio mercado y por supuesto en el enjambre de oficinas atestadas de gente buscando un “charle”, una “manito” o una indicación para salir de cualquier atolladero donde la propia burocracia del lugar le ha dirigido.

Es evidente que en Tarija no se cumplen las normas de construcción, una situación que tiene numerosas aristas y explicaciones. Probablemente una de ellas es que precisamente, esas normas son prácticamente secretas: el Plan General de Ordenación Urbana es de consumo de unos pocos y nadie sabe muy bien a qué responde que un lote deba medir 300 o 500 metros y construir 40 o 60 por ciento del mismo. Nadie se ha dado la tarea de explicar por qué las cosas son como son y por qué la Dirección de Ordenamiento Territorial exige (o, mejor dicho, debería exigir) que cada construcción cumpla determinadas características.

A este desorden contribuye también la escasa capacidad punitiva de las autoridades llamadas por ley a hacer respetar ese plan de ordenamiento prácticamente secreto y manejado con discrecionalidad. Como casi todo es posible si se encuentran los resortes adecuados, nadie puede exigirle a nadie que no haga lo que sí ha hecho el vecino. Por otro lado, nadie tiene la capacidad de hacer destruir nada ilegal, porque ilegales hay a montones, así que la mayoría de los “infractores” se amparan en esa impunidad colectiva en la que el Estado desaparece.

El resultado es un caos generalizado en los barrios en expansión, donde las casas van proliferando sin mayor control que el del efectivo disponible, pero también en el centro, pues varias regulaciones de cuidado del patrimonio no se cumplen.

El alcalde Johnny Torres, consciente de este problema, prometió acabar con la Dirección de Ordenación Territorial e incluso bautizó la entidad que la sustituiría, así como sus principios generales: digitalización de todas las gestiones burocráticas en el ente, que es lo que en realidad te garantiza la transparencia, pues la corrupción demasiadas veces se esconde detrás de los plazos demorados, de las esperas infinitas y de los procesos que no se completan al mismo ritmo que la propia construcción.

La tarea no es fácil, hay que dar alternativas a la cantidad de gente que se ha apoltronado en el ente, hay que garantizar la transición de forma coherente y sin prejuicios para nadie, pero es un compromiso adquirido que se hace ineludible no tanto por lo que a nivel electoral supone cumplir, sino por lo que la ciudad lo necesita.