Bolivia y los precios del gas
Son las entidades del Estado las que deberían asumir la responsabilidad de trazar un plan y ejecutarlo, con recursos propios, y enfrentando todos los debates que se requieran, incluyendo el de la fractura hidráulica
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene todo el derecho del mundo de administrar su estrategia de entregas para ganar más por la venta del gas y forzar cualquier negociación que favorezca los intereses de los bolivianos de la misma manera que lo han hecho Brasil y Argentina en los últimos años.
Brasil llevó la negociación de la ampliación del contrato de exportación de gas al límite del plazo en 2019 asegurando que no lo necesitaba, pues Jair Bolsonaro había optado por la privatización total y el desmantelamiento de Petrobras, aunque apenas tres meses después de que Evo Morales cayera y Jeanine Áñez asumiera el poder firmara una adenda en la que volcaba todos los artículos a su favor – precios, transporte y reducción de volúmenes – por más que ahora le pene no tener mayor acceso al gas boliviano por ducto, que es mucho más barato.
La Argentina de Mauricio Macri en 2018 también llevó la negociación al extremo, con técnicas de lo más expeditivas: básicamente dejó de pagar a mitad de año y no se sentó a negociar hasta que la factura no sumaba 6 meses impaga. Para entonces Bolivia estaba tan con la lengua fuera que hasta aceptó un avión como garantía de pago, además de la rebaja de volúmenes y una renegociación de precios que hace difícil estimar el impacto negativo, que existe.
No está claro que cosas se han aprendido de aquellas experiencias, pues está claro que la negociación depende de contextos más allá de la amistad o la enemistad del momento, que no debería contar en estos momentos de realpolitik: Venderle más a Alberto Fernández y menos a Jair Bolsonaro no debería tener nada que ver con ser más o menos amigos, sino con el precio, y ese es hoy el elemento clave de negociación, pero que no aguanta un análisis de largo plazo.
Ni bien se supere el momento tensionado o incluso cuando se estabilicen los precios altos, el elemento clave seguirá siendo el de la seguridad de provisión, es decir, el de las reservas probadas, y el de las alternativas de mercado, y entonces la situación de Bolivia volverá a ser precaria, como lo fue en las recientes negociaciones con Brasil y Argentina, puesto que ni la reposición de reservas es adecuada para tranquilizar a nadie, ni hay otra alternativa de mercado (ni industrialización ni GNL) que los dos países vecinos, que perciben en el ambiente la urgencia de Bolivia por colocar su gas, literalmente, a cualquier precio.
Estamos en un momento de altos precios que sin duda debería estimular la exploración en un mercado imperfecto al que, además, se le ha puesto fecha de defunción por los acuerdos climáticos. En ese contexto, son las entidades del Estado las que deberían asumir la responsabilidad de trazar un plan y ejecutarlo, con recursos propios, y enfrentando todos los debates que se requieran, incluyendo el de la fractura hidráulica, pero todo parece apuntar a que el Estado boliviano volverá a dejar pasar una oportunidad poniéndose de perfil, esgrimiendo argumentos liberales y esperando a que alguien, quién sabe quién, venga a hacer el trabajo que nosotros no queremos hacer, sino aprovecharnos.
Urge repasar la estrategia de los hidrocarburos en el país.
