El gas y las conspiraciones de Bolsonaro
La última adenda, que beneficia a Brasil, se firmó apenas tres meses después de que Jeanine Áñez fuera elegida presidenta en la UCB ante un grupo de notables entre los que estaba el embajador brasilero
Tal vez apenas pase de anécdota, pero hacía tiempo que Bolivia no jugaba algún rol en la geoestrategia continental, pero el incremento de los precios de los hidrocarburos y la coyuntura electoral en Brasil ha dado la oportunidad creando un escenario de choque con el más grande de nuestros vecinos que, sin duda, no debe de amilanar a nadie.
Fue Jair Bolsonaro, el presidente ultra de Brasil que aspirará a la reelección en primavera quien el fin de semana, acosado por el incremento de los precios del combustible en el mercado libre en pleno invierno, decidió buscar un enemigo externo al que acusar, y en este caso no era difícil: Bolivia, pues sigue siendo el principal proveedor de gas natural por ducto, que tiene un precio mucho más competitivo que el del Gas Natural Licuado de los barcos metaneros.
Bolsonaro no miente al decir que Bolivia ha desviado el 30 por ciento del gas hacia Argentina, pero manipula muy conscientemente la verdad, pues el país se mantiene dentro de los márgenes del contrato y, en cualquier caso, el mismo contrato estipula los mecanismos de sanción en el caso de incumplimiento.
El contrato de exportación firmado en el 1996 y puesto en marcha en el 1999 llegó a su máximo esplendor en la segunda década del siglo XXI donde se enviaban directamente desde San Alberto y San Antonio 30 millones de metros cúbicos de gas, que entonces suponía un tercio de las necesidades netas en invierno y que se enviaba con todos sus licuables y a un precio pactado muy bajo. Las diferentes adendas lograron recuperar al menos una sexta parte de los licuables, que son los que hoy se procesan en Río Grande y dan lugar a la planta de urea y por los que Brasil pagó unos 100 millones de dólares anuales por los años en que los siguieron usando hasta que estuvo en marcha la infraestructura.
La última adenda la negoció el entonces ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, hoy prófugo de la Justicia y en paradero desconocido, aunque todos sepan que está precisamente en Brasil. Sí, se firmó apenas tres meses después de que Jeanine Áñez fuera elegida presidenta en una sala de reuniones de la Universidad Católica Boliviana de La Paz entre un grupo de notables entre los que estaba el embajador brasilero y sí, Bolsonaro fue de los primeros presidentes en saludar el nombramiento y reconocer el régimen tras la caída de Morales.
La adenda exprés, firmada unos días antes de que se declarara la pandemia, vino a extender el contrato que debía terminar en 2019. La administración Morales llevaba años negociando una extensión alegando que no se habían entregado el volumen acordado, mientras que la administración Bolsonaro despreciaba entonces el contrato y lo consideraba innecesario, el ultraliberal quería liberalizar absolutamente el sector, cerrar Petrobras y que las privadas vieran de donde se abastecían. La administración Áñez bajó la obligatoriedad de compra de volúmenes, mantuvo los precios extraordinariamente bajos y asumió el costo del transporte: Brasil aceptó de inmediato y hoy todavía son capaces de reclamar.
Es normal que Bolsonaro hable de conspiraciones en su contra, porque básicamente es su forma de hacer política, pero esta vez es mucho más simple que todo lo demás. Se trata del dinero de los bolivianos y de las leyes del mercado, oferta y demanda, contratos y obligaciones. Y que gane el mejor.
