La renta de la indignidad
Con todo, pretender que una pensión mínima y digna salga de los aportes de todos los trabajadores exige reformas en el mercado laboral y sobre todo, esfuerzos en la inspección
Circula – aunque el Ministerio de Economía lo niega enfáticamente - un proyecto de ley en la Asamblea Plurinacional que deja al descubierto varias vergüenzas de la gestión económica y a la vez, activa una especie de bomba de relojería que le puede acabar estallando al mismo gobierno en las manos – como ya ha pasado con tantas en esta legislatura - si no se esfuerza en integrar todos los criterios y buscar los consensos necesarios para que se elabore una buena Ley.
El asunto es el de la Renta Dignidad, o más bien la Renta de la Indignidad, pues el monto de 300 bolivianos al mes es lo mismo que nada para aquellos ancianos que no han podido ahorrar ni acceder a una pensión contributiva.
Al parecer el proyecto de Ley no se preocupa tanto en cómo hacer que la Renta Dignidad sea Digna, sino que lo que busca es un nuevo mecanismo de financiación. Hasta ahora se sufragaba con el 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que era confiscado a las autonomías departamentales, municipales y universitarias para cumplir con una competencia nacional, además de recursos provenientes de las utilidades de las empresas estratégicas del Estado, que como prácticamente son inexistentes, pues eso. Según lo poco que ha trascendido, la intención es trasladar a los aportes de los trabajadores un pequeño porcentaje progresivo de acuerdo a la nómina para sufragar esta renta, es decir, que cada trabajador formal, que apenas son 1,5 millones en el país frente a los 4,5 informales, se reduzca el sueldo entre un 0,3 y un 3% para financiar esa renta a la tercera edad.
Es verdad que en la mayoría de los países donde tienen establecido un sistema público de pensiones para toda su población, es de los aportes de los mismos trabajadores y de la gestión que la entidad pública hace de esos fondos de donde salen los recursos para pagar esas pensiones mínimas, pero dignas, que al menos permitan a los mayores vivir sus últimos días con eso mismo, un poco de dignidad, algo que desde luego no sucede con los 300 bolivianos actuales, que obligan a los que no tienen ningún otro ingreso o familia a seguir trabajando, literalmente, hasta morir.
A nadie parece preocuparle el enorme volumen de trabajadores informales, que no siempre son precarios ni cuentapropistas con estrecheces
El sistema en Bolivia se reformó hace una década y todavía no se ha implementado, por lo que la gestión de los fondos de pensiones sigue siendo una concesión privada sometida a los designios, caprichos (o negociados) de algunos certificados vía Gaceta Oficial del Estado, y con el que casi nadie está conforme, pues ya que no solo en Bolivia llegar a la edad de jubilación es casi un milagro, sino que las fórmulas de cálculo falsean las expectativas de vida hasta límites surrealistas, superando la centena.
Con todo, pretender que una pensión mínima y digna salga de los aportes de todos los trabajadores exige reformas en el mercado laboral y sobre todo, esfuerzos en la inspección que sin duda tardará en implementarse. A nadie parece preocuparle el enorme volumen de trabajadores informales, que no siempre son precarios ni cuentapropistas con estrecheces, sino que también son albañiles, transportistas y negociantes, muchos con muy buenos ingresos, que si no se han abierto una cuenta en la AFP a título personal es porque no han querido. ¿Por qué entonces los trabajadores formales de hoy deberían aportar para pagarles una jubilación a quien no quiso ser previsor?
Bolivia es un país joven donde la sostenibilidad del sistema no tendría especiales problemas, sin embargo, antes de plantear nuevas cargas para los trabajadores hay que hacer esfuerzos en la formalización y blanqueamiento de toda la actividad económica subterránea que se mueve en el país. Lo contrario no dejaría de ser un impuestazo a los trabajadores, similar al de 2003, para pagar obligaciones adquiridas por el Estado que ya no puede financiar a pesar de que día sí y día también proclame su eficiencia y efectividad en la gestión del Estado.
