De la nacionalización al empleo “revolucionario”

El decreto de nacionalización exigía una institucionalización de YPFB, un saneamiento integral que la legitimara para ser vanguardia también en la generación de empleo altamente cualificado

Hubo un tiempo, cuando el MAS recién se había instalado en el poder y tenía impulso revolucionario, que las nacionalizaciones eclipsaban el propio día del Trabajador. Fue una estrategia comunicacional que pretendía relacionar los dos hitos que confluían en la fecha: se justificaba la intervención del Estado en la economía para corregir desigualdades y beneficiar a los trabajadores.

Huelga decir que si bien lo primero sí se extendió, lo segundo no llegó a quedar tan claro, pues con el paso de los años se han ido abriendo brechas entre los trabajadores de a pie, normalmente informales y desamparados del sector privado y una especie de élite dentro del sector público, que al final, tampoco tenían garantías.

De hecho, el propio Gobierno se ha encargado con el tiempo de traicionar su propio compromiso con los trabajadores a través de lo elementan en esto de hacer del Estado una empresa: la mala gestión se ha impuesto en muchos de los emprendimientos. Docenas de empresas y direcciones públicas mal administradas – que no son todas - han acabado metiendo la tijera al margen de las leyes y desde el poder de la Gaceta Oficial del Estado para violentar los derechos laborales y salir del paso: Ecobol, Enatex y recientemente, Sabsa, son algunos de esos ejemplos vergonzantes que quedan sepultados entre la arrogancia estatal.

Cuando el gobierno se moderó y se acabaron los sectores que nacionalizar, se intentó volver al obrerismo para darle brillo a la jornada, pero ya era difícil de arraigar. La propia Central Obrera había acabado de perder el sentido del día entregando la fecha a la celebración de una concepción económica que, sin embargo, no deja de considerar a los trabajadores como un elemento intercambiable dentro del propósito.

El referente indiscutible de la época de la nacionalización es precisamente el de los hidrocarburos, algo que no deja de ser llamativo, pues fue la primera en materializarse a los cuatro meses de gobierno, en 2006.

El impacto de la nacionalización de los hidrocarburos en la economía ha quedado patente más allá del ruido que se genera al “conciliar” la idea con la Ley de Hidrocarburos y más allá de lo que los contratos de operación posteriores y sus perversos anexos le hicieron al espíritu de la medida, sin embargo, es mucho menos claro el aporte que la nacionalización ha tenido sobre el empleo en el ámbito específico de los hidrocarburos.

El decreto de nacionalización exigía una institucionalización de YPFB, un saneamiento integral que la legitimara para ponerse al frente de la transformación del país en una empresa moderna y transparente, lo que implicaba ser vanguardia también en la generación de empleo altamente cualificado capaz de incorporarse a los rubros que se debían incorporar en la acción cotidiana. Sin embargo, hasta hoy sigue habiendo déficit en la acumulación de experiencia y conocimientos para el manejo de determinados espacios de la cadena.

Lo cierto es que el gas está teniendo una nueva oportunidad en el mundo y está en las manos de los poderes públicos aprovecharla también en Bolivia. Ojalá seamos capaces de abordar esta segunda fase con menos consignas y más determinación. Bolivia necesita avanzar.


Más del autor