Una niña volvía a casa de la escuela

Tarija vuelve a teñirse de luto y de la peor manera; un nuevo feminicidio ha sacudido los cimientos de la sociedad. Virginia, de apenas 13 años, volvía a su casa en Sachapera desde Yaguacua después del colegio y en ese trayecto, según la versión policial, un hombre de unos 35 años la interceptó y la agredió sexualmente. Después la mató. Cuentan también que fue la propia comunidad la que, anoticiada del suceso, dio con el sujeto por su extraña actitud y lo retuvieron hasta que intervino la Policía.

Coincidentemente, al otro lado de la frontera en los primeros meses del año, otras dos niñas, estas wichi, han muerto en circunstancias similares, siendo abordadas por sujetos que acabaron con su vida luego de ser violadas. Cada crimen tiene su responsable, pero evidentemente se identifican patrones comunes que son los que nos interpelan como sociedad: el abuso de poder, el desprecio por la vida de las niñas, de las minorías, de las mujeres, situaciones que se dan así y que no deben entenderse con eufemismos: a las tres las mataron por ser niñas.

Más allá de las sentencias y las campañas, lo cierto es que los números en Bolivia no bajan, casi al contrario. Desde hace demasiados años viene muriendo al menos una mujer cada tres días sin que eso sirva para realmente poner en sobrealerta a nadie ni en convertir la acción de lucha contra el machismo y su violencia en primer lugar. Al contrario, cada vez que se agita el avispero porque hay un caso más o menos bullado, los políticos y cargos ejecutivos salen a la palestra a hacerse el concienciado y el reivindicativo, a prometer planes y recursos que después quedan en nada, mientras las correligionarias aplauden sin más porque la disciplina de partido está por delante.

El detalle hay que verlo en el presupuesto. ¿Qué realmente se está haciendo para frenar la violencia machista? ¿Para reducir drásticamente el número de feminicidios? Hace poco nos enteramos que mientras unos hacían compromisos grandilocuentes, otros negociaban por debajo de la mesa, fraguando informes médicos o de buena conducta, la salida de prisión de asesinos peligrosos y sin un gramo de rehabilitación ni arrepentimiento, pero poco de eso ha cambiado.

Hay una tarea que hacer a largo plazo que sobre todo la está haciendo la sociedad civil, los colectivos de mujeres, de víctimas y los medios de comunicación, que tratan de incidir en las familias para que cambien en sus paradigmas de educación hacia sus hijos e hijas, esfuerzos que el Estado debería acompañar con políticas educativas, pero también con gestos concretos.

Después está lo que hay que hacer a corto plazo que pasa por movilizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, utilizar todos los recursos disponibles para atender a las víctimas, con el personal cualificado que teóricamente lleva más de ocho años formándose, investigar y tomar todos los recaudos en la prevención.

El asunto es urgente y no hay más palabras de justificación, pues las familias tampoco encuentran consuelo. Una niña volvía a casa de la escuela. Y la mataron.