Y ahora, agropecuaria
El gobierno argumenta que la implementación de la empresa responde a la urgencia y a la necesidad de garantizar la provisión de trigo y harina; las empresas del sector advierten una agresión y una competencia desleal
La crisis agroindustrial que se ha desencadenado a nivel mundial con la invasión de Ucrania – uno de los principales graneros del mundo – por parte de Rusia – principal productor de fertilizantes del mundo – ha servido de excusa para que el gobierno de Luis Arce incursione en una de las áreas “anheladas”: el de la producción directa de granos.
El Decreto Supremo 4701 crea la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria que tiene por actividad principal la producción, procesamiento y transformación de productos agrícolas y pecuarios y la comercialización interna y externa, es decir, se trata de una empresa pública con el respaldo del Tesoro General del Estado con capacidad para ingresar al mercado a competir con el resto, pero no en condiciones de igualdad.
Las empresas del sector advierten una agresión y una competencia desleal y argumentan que no hay una necesidad real de intervenir en esta área, porque de hecho es la única donde el sector privado invierte con buenos resultados, aunque también se beneficia de las grandes subvenciones estatales al combustible, de los proyectos de biodiésel y otras medidas contingentes y de financiación canalizadas a través de la CAO y otros organismos.
El gobierno argumenta que la implementación de la empresa responde a la urgencia y a la necesidad de garantizar la provisión de trigo y harina, que es deficitario en el país y que esencialmente se importa de la Argentina, pero también se ha cuidado mucho de calificar la iniciativa como temporal. La empresa agropecuaria ha llegado para quedarse.
La decisión vuelve a avivar el debate sobre el rol del Estado en la economía y los principios que lo soportan en Bolivia, pues por lo general las iniciativas recientes no acaban de ocupar los espacios vacíos ni contribuir a mejorar la competencia, como en el caso de la empresa de turismo o el propio Lacteosbol, a los que los empresarios del sector lo consideran competencia desleal.
Otras iniciativas, sin embargo, si cumplen la función de industrializar con sustitución de importaciones para cuidar las divisas, como en el caso de Papelbol o la propia planta de urea, iniciativas que deben ampliarse y complementarse para garantizar también puestos de trabajo.
Está por ver en qué lado de la balanza se acabará colocando la industria agropecuaria pública; si tratará de llenar los vacíos sobre el trigo, pero también sobre la quinua, por ejemplo, donde el sector privado fue incapaz de aprovechar el tirón del Año Internacional en 2013, o por el contrario se pondrá a competir con las tortas de soya y el suministro para el bioetanol.
Es curioso que el primer sector nacionalizado, que es el que garantiza mayores ingresos fiscales y por utilidades como es el de los hidrocarburos no haya sido desarrollado e institucionalizado acorde a los postulados, mientras sí se ha entrado en la gestión menuda de otras industrias para nada productivas.
Esperemos que las decisiones se hayan tomado adecuadamente y la industria agropecuaria sirva para hacernos más fuertes, no más dependientes.
