La justicia y los feminicidios

Ahora que se vienen confirmando las mismas cifras lamentables de feminicidios que cada año golpea el corazón – más o menos uno cada tres días – conviene hacer un nuevo alto en el camino y preguntarse ¿Qué fue de la famosa comisión revisora de casos de dudosa ejecución?

Enero fue sobrecogedor, pero también revelador. Un hombre sentenciado en 2013 había vuelto a cometer al menos dos asesinatos más en El Alto, donde vivía prácticamente en libertad, sin custodio y sin rendir excesivas cuentas a nadie. Como el escándalo se desató con fiereza por lo inaudito del relato, pero también por la asombrosa coincidencia de relatos en otros casos similares donde el agresor simplemente había eludido la cárcel, el gobierno trató de encaminar esa indignación hacia su intención de reforma judicial y creó una comisión revisora que pretendía analizar caso por caso todas las fechorías no redimidas sino por la vía de la corrupción.

Fueron docenas los casos que saltaron a la palestra, cada uno más escandaloso que el anterior. Se identificaron jueces, fiscales y abogados que se reunían para acordar la liberación de presos comunes e incluso extremadamente peligrosos, como en el caso mencionado, a cambio de unos cuantos dólares. Certificados médicos, antecedentes, pericias médicas y psicológicas, cualquier cosa servía para fraguar un expediente que le permitiera salir de la prisión aun con detención domiciliaria u otra figura análoga que tampoco se cumple.

Curiosamente, el 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora, se emitió un avance del informe del trabajo que se venía realizando y, como casi siempre en estos casos, hablaba del éxito y el buen hacer de las diferentes entidades involucradas, olvidando que son exactamente las mismas que han operado en los vergonzosos expedientes que han visto la luz.

Desde entonces el asunto está básicamente amortizado a pesar de que se han fugado una buena parte de los que estaban señalados por malversar sus salidas de prisión. Por otro lado, y esto implica riesgos, algunos de los “cárteles” de jueces y fiscales que han propiciado esto han sido desarticulados, o al menos señalado públicamente, pero otros muchos no. En Tarija por ejemplo no pasa nada.

Es posible que alguien haya considerado que no era buena idea acabar la tarea, pero puede resultar doblemente peligroso dejar medio herida a esa bestia que es el sistema judicial, capaz de devorarlo todo, y que ya ha demostrado su capacidad de adaptarse sin mayores ascos a las circunstancias.

Es necesario que de una vez por todas se avance en la reforma del Sistema Judicial, con o sin reforma constitucional, pero necesariamente con un Pacto de Estado que incorpore a los sectores de oposición y a los gobernadores y alcaldes de la periferia. Bolivia necesita sanar esa herida de la ilegitimidad, de la impunidad y de la decepción. Necesitamos una justicia mejor para el país. Ojalá no se demore demasiado.