La explicación pendiente del Fondo Indígena saqueado
Para unos fue una encerrona, para otros negligencia e incapacidad, otros creen que se convirtió simplemente en la caja chica con la que hacer campaña y pagar pequeños favores
La muerte del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo ha vuelto a poner en evidencia un sistema penal que en realidad es tortura misma, hasta el punto de poner a sus presos en situaciones límite sin que nadie velé por el bien supremo que es la vida. Pasó con el ex administrador de la estatal carretera, José María Bakovic, ha pasado ahora y pasa seguramente a diario con personas mucho más anónimas, que más allá de ser culpables o inocentes, simplemente son condenados en cárceles donde las penas se pagan muchas veces con la vida misma.
El silencio oficial del Gobierno pesa. Apenas unas declaraciones peregrinas del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sacando la cara a Régimen Penitenciario – que al fin y al cabo seguramente solo cumplían órdenes – y del ministro de Justicia, Iván Lima, utilizando el ejemplo para ilustrar la profunda crisis del sistema judicial, ambos con mucho cuidado de no herir sensibilidades ni a uno ni a otro lado, han ventilado un asunto que sin embargo deja demasiadas dudas flotando en un ambiente pesado.
Marco Antonio Aramayo ha sido la autoridad relacionada a aquella investigación que más tiempo ha pasado en prisión desde que estalló el escándalo en 2015. En los siete años que estuvo en prisión se le abrieron 256 procesos en su contra, llegó a permanecer en 56 cárceles e incluso fue cautelado 14 veces en un mismo día y todo apunta a lo mismo: una forma de presión intolerable que evidentemente a alguien le interesaba.
En esto, los antecedentes no son menores. Cabe recordar que el proceso lo abrió la propia Contraloría General del Estado a cargo de Gabriel Herbas, un exparlamentario del oficialismo que después fue vicepresidente del Banco Central de Bolivia. Cabe recordar también que el Fondo Indígena era un mecanismo para facilitar la inversión directa en comunidades campesinas originarias articulado entre el Ministerio de Economía y el de Desarrollo Rural y Tierras y donde participaban, básicamente, los miembros del famoso Pacto de Unidad.
Cabe recordar que la denuncia inicial habló de un daño de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos inconclusos y fantasmas, aunque las cifras después se magnificaron cuando se investigaron el total de los 1.110 proyectos financiados en el programa.
Cabe recordar también que Aramayo fue posesionado directamente por Luis Arce, que fue denunciado por Herbas, y que su línea de defensa fue siempre que lo puso en conocimiento de sus superiores, en concreto de la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, que sustituyó a la tarijeña Julia Ramos y que por cierto estuvo más tiempo en prisión que la propia Achacollo.
Cabe recordar también que era el 15 de febrero de 2015, en puertas de las elecciones subnacionales y poco después de la tercera victoria al hilo de Evo Morales aun con sus polémicas listas.
Cabe recordar también que el entonces Canciller y hoy vicepresidente, David Choquehuanca, denunció una “mano blanca” en la filtración y seguimiento de denuncias, que al final acabó por dañar a la identidad indigenista del MAS, que Choquehuanca calificaba como “la reserva moral de América”, y que sirvió para que Morales se encerrara cada vez más en su guardia pretoriana alejándose de los movimientos sociales.
Para unos fue una encerrona, para otros un traslado de responsabilidad demasiado grande a unidades ejecutoras sin experiencia, otros creen que se convirtió simplemente en la caja chica con la que hacer campaña y pagar pequeños favores y para otros la simple consecuencia de los años de gestión continuada en impunidad y con poca observación a las normas. Como fuera, hasta hoy no hay una explicación de qué pasó con aquel Fondo Indígena que iba a revolucionar la participación de las comunidades en la vida nacional y acabó creando una profunda mancha en el expediente.
