Reformar el sistema de salud

Si la reforma de la justicia es ineludible, no lo es menos la de la salud, y por motivos no tan diferentes, pues al final, entre los intereses de unos y los intereses de los otros, los que acaban pagando el (mal) servicio son siempre los ciudadanos.

El Colegio Médico vuelve a anunciar una “huelga de los mil servicios”, ahora en la parte final de una pandemia, aunque lo cierto es que ya hubo a principios y a mediados, y también es cierto que la mayoría han sido maltratados en estos meses. Es pronto para hacer valoraciones de desempeño y no se trata de ponerse de parte de unos o de parte de otros, porque la discusión no se debería plantear en los términos de oficialismo y oposición, como parece que se entrevé, sino como una pelea por un servicio mejor, algo que realmente no se entrevé.

Bolivia es uno de los países con peor sistema de salud del mundo: no cumple con las ratios propuestas por la Organización Mundial de la Salud de médicos por habitante, de camas hospitalarias, de camas de Terapia Intensiva y, a falta de actualizar datos tras la última fiebre compradora, tampoco de ambulancias. Aun así, se ha consolidado un sistema de salud más o menos precario pero funcional en las áreas rurales y los datos de esperanza y calidad de vida van subiendo, algo que no es solo responsabilidad de una mejor intervención médica, sino también de otros aspectos de la salud, como la nutrición.

Desde hace demasiado tiempo, invertir en salud se ha convertido en construir hospitales o postas, que a menudo quedan vacías, en lugar de contemplar inversiones sostenidas en personal y en equipamientos de alto nivel, que son necesarias en un país como el nuestro.

En general, el sistema de salud sigue viéndose como una actividad mercantil más que como un derecho constitucional, y en esas discurre otro de los problemas. El control de la actividad médica por parte de los colegios profesionales y las universidades, que impiden que se forme una mayor cantidad de profesionales que atiendan la salud de todos los bolivianos, hace que demasiado a menudo los profesionales del sector público atiendan también en el privado o en consultas particulares, o en las tres cosas a la vez. En demasiadas ocasiones se evidencian pacientes atendidos en privado utilizando servicios de diagnóstico público o usando los seguros para subvencionar análisis o pruebas varias, mientras que la ganancia va a otro lado.

La concepción del Sistema Único de Salud en modo Seguro de Salud tradicional es un ejemplo de ello. En la sanidad boliviana todo tiene su precio y su factura, aunque la paguen terceros (que muchas veces demoran meses en pagar), y este es uno de los debes de década y media de supuesto gobierno socialista.

Seguramente es tiempo de acabar con el pulso recurrente entre Ministerio y Colegio Profesional y aprovechar los bríos de la pandemia para sentar las bases de una política de salud que realmente permita a los ciudadanos mejorar su calidad de vida, contar con más medios, con más profesionales mejor remunerados, con verdaderas intervenciones preventivas y diagnósticos rápidos y el resto de mejoras que se recitan de memoria, pero que nadie aborda.

Ojalá pronto se pase de la retórica a los hechos, y Bolivia pueda dar un salto adelante en su calidad de vida.