Las prioridades del empleo en Bolivia

Empieza a posicionarse uno de los temas recurrentes del primer semestre político de cada año: el incremento salarial del 1 de mayo. Se trata de una demanda que es de ley, por aquello de la necesidad de reponer el salario perdido por la inflación a lo largo del año, que ya de por sí es un indicador bastante poco creíble por la forma en que se construye, pero que, desde hace tiempo, con los incrementos tan por encima del mismo, se ha convertido en una suerte de botín coyuntural para aquellos que disfrutan de una pega pública y un castigo para aquellos que sobreviven en la frágil y castigada empresa privada nacional.

El modelo económico “diseñado” por Luis Arce Catacora en sus largos años de ministro del ramo tenía una premisa fundamental, bien liberal: estimula el consumo interno, y desde siempre lo ha defendido como el motor del desarrollo nacional y no, como describían analistas y opositores, la coyuntura de los precios internacionales. En realidad, nadie mentía, pero sí acomodaba. El excedente que llegaba de los hidrocarburos fundamentalmente se canalizaba a través de medidas populistas como el incremento salarial o el doble aguinaldo, medidas muy publicitadas para generar una dinámica positiva que incrementa el consumo pero que en realidad llegaban a poca gente: empresas e instituciones públicas que sufragan sus gastos con el Presupuesto General del Estado y poco más. Ni gremiales, ni choferes, ni cuentapropistas, que son el grueso de la fuerza laboral de este país, saben de esos beneficios, mientras que el sector laboral privado, más que disfrutarlo, lo padece.

Es verdad que el sector privado requiriera incrementar su productividad y que contratar en extensivo por sueldos miserables no era un buen negocio, algo que los empresarios han tenido que aprender de manera acelerada. La mayoría de las cooperativas, que son privadas, pero son de todos, están quebradas. Las plantillas de todas las empresas se han reducido. Mientras tanto, se han multiplicado las fórmulas laborales de consultores en línea o por producto en el sector privado ante las cargas laborales y, sobre todo, la presión del Ministerio de Trabajo y de Impuestos, dispuestos a retorcer la ley en todo momento para castigar y recaudar.

Ahora, también en el sector público han padecido estos excesos, incluso las administradas por ese mismo gobierno que las alimentaba. El Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) de Tarija es un ejemplo o el brutal cierre de AASANA por parte del Ministerio de Obras Públicas son los últimos ejemplos, pero hay muchos más.

Nada de esto le ha preocupado nunca a la Central Obrera Boliviana, que acude a sus citas con el gobierno con la calculadora en mano, tal vez para ver cómo mejoran sus propias nóminas, mientras olvidan que hay medidas que acaban empujando a la gente a la precariedad, al desempleo y al enorme grupo de la informalidad, que es el 80 por ciento del país, pero que nadie les representa.

Es urgente establecer una verdadera mesa de diálogo social con los sectores empresariales, gremiales, y laborales representados que aborden los grandes problemas del país: productividad, formación, informalidad, etc., y no simplemente una cifra que, a la larga, acaba penalizando.