Justicia y feminismo: hora de romper con todo
Como cualquier revolución, no hay recetas mágicas ni café para todos, y en cada país se viene acomodando el sujeto de lucha. En Bolivia ha sido la indignación con la justicia lo que ha unido
Se cierra la semana del 8 de marzo con balances diferentes en las diferentes regiones del mundo occidental. Mientras en Europa ha quedado cierto sabor agridulce por las divisiones que empiezan a debilitar al movimiento feminista, sobre todo en España, por una acumulación de banderas que acaban anteponiendo ideologías; en América del Sur la sensación de que se avanza a pasos agigantados sigue creciendo.
Como cualquier revolución, no hay recetas mágicas ni café para todos, y en cada país se viene acomodando el sujeto de lucha. Mientras Colombia se acaba de sumar a Argentina como países con Ley de plazos para el aborto promulgada, en otros países el tema se pasa de puntillas mientras se encuentran otros que logren transversalizar la lucha.
En Bolivia ha sido el asunto de la Justicia el que ha vuelto a indignar y a unir, y aunque es verdad que no es lo más recomendable mezclar el día de la Mujer Trabajadora con el de la Lucha contra la Violencia, que aunque igualmente tenga a la mujer en el centro y ambas problemáticas estén muy interrelacionadas, son días diferentes para poner los acentos en los temas particulares.
Como fuere, la coyuntura es demasiado trágica y los datos demasiado abrumadores para los que llevan una década escondiéndose detrás de la Ley 348, que nunca fue suficiente, y lo sigue sin ser.
Y es que, de los más de 900 feminicidios que se han registrado desde 2013, solo 263 han conseguido una sentencia condenatoria, que conlleva una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, que como se ha visto, no es garantía de estar en la cárcel.
Es preciso hacer notar que de las 263 sentencias, 86 corresponde a casos en los que el agresor reconoció la culpa y se sometió a un juicio abreviado, es decir, que el Ministerio Público no tuvo nada que investigar, ni pruebas que recolectar, ni mucho menos analizar.
Un número similar a las sentencias obtenidas, 262, son los casos que han sido rechazados o sobreseídos por el Ministerio Público por la falta de pruebas o testigos. En ocasiones se ha dictado esa resolución incluso estando prófugo el presunto agresor.
El resto son casos que siguen trabados en alguna parte del proceso, torturando en lo más íntimo a las familias que solo buscan justicia, pero se encuentran con un sistema que permanentemente “hay que aceitar” para que las cosas se muevan.
Estos son los datos que desde siempre se sospechaban, pero que han quedado al descubierto después de una investigación de Connectas, el ICIJ y este diario, y que además este año se entrelazan con los dramáticos testimonios que se están recopilando tras la vergüenza de haber encontrado a un feminicida reincidente gozando de su libertad domiciliaria sin custodio en la ciudad de El Alto mientras seguía cometiendo fechorías.
Todo apunta en la misma dirección: Urge un cambio integral de la justicia y es necesario jubilar a sus “dueños” de una sola vez. La sociedad civil juega un papel vital en este camino hacia el objetivo, especialmente el colectivo de mujeres por motivos más que obvios. Es tiempo de romper con todo.
