De los proyectos concurrentes al pacto fiscal departamental
Tarija necesita orientar la inversión de recursos en función del conjunto departamental y en base a criterios de desarrollo que cohesionen en el territorio y no solo tengan en cuento la población o la supuesta “equidad”
En una operación quirúrgica planeada prácticamente con el calendario en la mano, el gobernador logró arrebatar el mecanismo del débito automático incluido en la Ley del 1% para proyectos concurrentes a los alcaldes, un mecanismo que a todas luces era atentatorio contra la autonomía departamental, ya que facultaba al nivel central a meter la mano en la caja de la autonomía departamental para entregarlos a la autonomía municipal.
Se hizo a fin de año, explotando la mayoría de la alianza Unidos – Indígenas en la Asamblea Legislativa, aprovechando que llegaban las fiestas de fin de año e incluyendo una serie de trampas en la ley puente, como que se pudieran ejecutar proyectos concurrentes en una circunscripción municipal a través de organizaciones campesinas directamente y no necesariamente con el alcalde. Pronto se llegó a un acuerdo quedando pendiente una tercera ley, que es la que es el nuevo objeto de la polémica, pero que todavía no parece querer entrar al fondo de la cuestión.
Los proyectos concurrentes son la aplicación práctica de lo que dice el Estatuto Departamental, que autoriza al nivel ejecutivo a invertir recursos en concurrencia con los Gobiernos Municipales y que vino a ser una forma de insuflar nuevos bríos al impulso autonomista en la primera década del siglo XXI, donde las perspectivas hidrocarburíferas eran muy buenas y todo se veía en régimen de felicidad.
Tampoco es ninguna innovación, pues la concurrencia entre administraciones que gobiernan sobre el mismo territorio, y más cuando hay competencias solapadas, es un mecanismo habitual para que todos queden contentos.
El problema viene cuando no existe un criterio consensuado sobre qué son las necesidades reales que hay que atender y cómo se logran las mejores sinergias entre todos para que la población alcance un desarrollo más prolífico y tampoco un mecanismo claro de reparto de recursos entre las diferentes administraciones, en este caso municipios.
Para lo primero, es urgente socializar el Plan Departamental de Desarrollo y ceñir los proyectos a los objetivos descritos en el mismo, más en estos tiempos de escasez, no es posible que se repitan florituras como entregar fondos para Estadios enormes o establecimientos recreacionales, habiendo asuntos de primera necesidad sin cubrir. Una Ley debería decir claramente qué proyectos son de prioridad y cuáles no y por qué.
Para lo segundo es preciso de una vez abordar el Pacto Fiscal Departamental que establezca cuales son los ingresos y cómo se van a repartir en el territorio y en función de qué criterios, y aquí está la clave, porque, aunque parezca lo fácil, no es lo más justo repartir 1% para todos, ni primar en función de la población, o hacerlo en función de la pobreza, o solo por la extensión del territorio, o por el envejecimiento. Ciertamente hay docenas de criterios que se pueden esgrimir para que el reparto le beneficie a uno respecto al otro, y por eso este ejercicio se llama Pacto, y no Impuesto.
Tarija necesita su pacto departamental incluso antes de que avance el nacional, porque de lo que hay que hablar es de objetivos y de valores, de modelo de departamento al que aspiramos, y no solo de plata. Quizá va siendo hora de acabar con estas dudas.
