La decisión de la petroquímica
Cuando el gobierno tuvo que decidir entre culminar uno de los proyectos soberanos clave, pero caro, o mantener la chequera ágil para perpetuar el proyecto de poder no tuvo dudas y la planta del Chaco se quedó esperando
En 2017 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tenía un informe de adjudicación de la planta petroquímica para Yacuiba, era el “regalo” para Tarija por su 200 aniversario de libertad en forma de proyecto que acabara con años de exportación en bruto y transformara los licuables del gas en resinas de plástico que sirviera de base para una floreciente industria. Sin embargo, se frustró.
La corrupción se cruzó en el camino de aquella planta de forma indirecta. El entonces presidente de YPFB fue acusado de haber favorecido a una empresa italiana para la compra de tres perforadoras, fue relegado del cargo, encarcelado, luego llevado a domiciliaria y hasta hoy, como casi siempre.
Visto el percal, el ministro de Hidrocarburos se puso a escarbar y definió suspender la licitación de la adjudicación de la planta petroquímica, porque en forma parecía sospechosa: se estaba entregando a un consorcio formado por la empresa (también italiana para más INRI) Tecnimont, que había realizado todos los estudios previos, y la empresa Técnicas Reunidas, que había construido la planta Separadora de Líquidos que es la que debe proveer de materia prima al proyecto petroquímica. Por donde se lo viera saltaba una sospecha de tráfico de influencias o acceso a información privilegiada cuando menos, sin entrar a valorar más allá la calidad de la propuesta respecto a las otras gigantes del sector que presentaron las suyas.
El ministro de entonces, Luis Alberto Sánchez, dijo entonces que desconfiaba de la tecnología que se planteaba utilizar, y que, por ende, no viabilizaría la inversión más importante de la historia del país, pues se estimaba llegar a los 2.000 millones de dólares. Desde entonces ha habido algunos movimientos, casi siempre coincidiendo con las fechas electorales, pero el proyecto básicamente no ha avanzado.
El asunto no tiene salida fácil, pues su ralentización ya había coincidido con la estrepitosa caída de los precios del gas y las regalías de 2014-2016, por lo que cuando el gobierno tuvo que decidir entre culminar uno de los proyectos soberanos parte de la Agenda de Octubre y crear un foco industrial en el Chaco con mucha potencialidad, pero caro, o mantener la chequera ágil para perpetuar el proyecto de poder no tuvo dudas y la planta del Chaco se quedó esperando.
Los precios del gas vuelven a subir merced a las hostilidades desatadas en Europa; la eficiencia de la industrialización en base a gas tampoco ya está en discusión; el uso del plástico sigue disparado, eso sí, evolucionando hacia fórmulas más “verdes” y el propio gas natural ha sido indultado en los planes de abandono de los combustibles fósiles, por lo que procede explorar a riesgo o plantear el uso no convencional. ¿Entonces?
La decisión le ha tocado al presidente Luis Arce, que además es bien conocedor de todo el entramado previo y de las visiones y necesidades de la transformación nacional, y de los casi 900 millones de dólares que costó la planta Separadora y cuya función no era hacer GLP, sino abastecer a la petroquímica. Urge un plan definitivo.
