El Pacto Fiscal y el nuevo esquema de poder
Desde que se empezó a discutir el Pacto Fiscal, cayó el crudo, cayó Morales, pasó una pandemia mundial y empezó una guerra en Europa, pero el esquema de reparto sigue siendo el mismo
Se dice pronto, pero Bolivia lleva sin actualizar su Pacto Fiscal más de una década, una anomalía que convierte casi en un milagro que el régimen autonómico siga funcionando a duras penas y que aquellos departamentos con mayor vocación de autogobierno sigan amalgamando el país, pero pasa.
La Ley Marco de Autonomías se aprobó en julio de 2010 de acuerdo a la nueva Constitución, pero poniendo todos los candados posibles a un régimen autonómico incluido in extremis en el texto después de dos años de lucha cívica. Ahí se ponían plazos, que no se respetaron, primero por el Censo, luego porque los resultados del Censo también demoraron y finalmente porque los tiempos políticos no acompañaban.
Con tiempo político es que fue convocada el primer Consejo Autonómico para tratar el asunto en 2014, cuando quedaban semanas para que las autoridades dejaran sus cargos o los revalidaran en las elecciones subnacionales. Por Tarija se sentó el interino Lino Condori, que nunca rindió cuentas al respecto porque ciertamente era algo que ya no le iba a esas alturas.
Pasado el momento político, la mesa se convirtió en una pesada comisión burocrática con muchos mecanismos de validación y poca discusión, controlada esencialmente por el oficialismo, lo que limitó en mucho las discusiones. Durante años se estuvieron discutiendo perogrulladas, como las posibilidades de las regiones de implementar nuevos impuestos o formas eficientes de administrar el presupuesto, pero nunca se entró al fondo de la cuestión, que básicamente era el de transferir recursos del poder central a los autonómicos para que estos pudieran cumplir con las competencias asignadas constitucionalmente, pero para las que no había recursos.
Desde Tarija y Santa Cruz fue desde donde se generaron más propuestas, que básicamente tenían que ver con reordenar la distribución del ingreso por coparticipación tributaria, que actualmente llega en 75% al Tesoro General de la Nación, en 20% a los municipios y en 5% a las Universidades dejando fuera a los departamentos, que básicamente sobreviven de los inestables ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y, los productores, de las regalías, en las que han quedado atrapados, por desgracia.
Han pasado demasiadas cosas en el país y en el mundo desde que el Pacto Fiscal empezó a ser objeto de discusión: cayó el precio del crudo, cayó el gobierno de Morales, llegó una pandemia mundial, volvió el MAS y ahora, una guerra que amenaza con enquistarse, pero el reparto de recursos sigue siendo exactamente el mismo para todos, algo que es sin duda un contrasentido.
El sistema autonómico no es un capricho y objetivamente no existen las amenazas originales que parecían esconder procesos secesionistas, al contrario, las limitaciones impuestas han abierto otras vías que sí parecen amenazar la unidad territorial. El régimen autonómico, con unas competencias transferidas claras, supone una mayor eficiencia en la gestión y administración de los recursos, que cada vez son más escasos y más necesarios, pero que no se pueden ejecutar sin un cambio en el reparto de recursos que simplemente se limita por una razón: la política partidaria.
Ojalá en el corto plazo las partes encuentren un espacio para acordar una verdadera distribución de recursos, atendiendo a criterios solidarios y no solo poblacionales, que garanticen un mejor desarrollo de Bolivia y sus departamentos. Lo contrario es seguir alimentando un centralismo con una sola voluntad: reproducirse en el poder.
