La Aduana invisible
Todos los países del mundo han tomado medidas durante la pandemia para proteger la industria nacional y los puestos de trabajo, mientras, en Bolivia se guarda silencio ante el galopante contrabando
Pasan los meses y el contrabando sigue copando los mercados tarijeños y de todo el país. Nada ha pasado que reduzca el trajín de la mercadería ilegal que llega desde Argentina o Paraguay, o Chile o Perú o Brasil, ni nada que haya ajustado las tuercas a la Aduana Nacional, que sigue mirando para otro lado con la aquiescencia del Gobierno y su Ministerio creado exprofeso.
Nada sucede, los responsables de la Aduana, cuya cabeza está por cierto copada por tarijeños, suelen convocar alegremente a los medios de comunicación para informar de pequeños operativos y algunos decomisos acordes al calendario – sidra en Navidad, espumas en Carnaval, etc. -, pero en general, las fronteras siguen siendo autopistas para los productos extranjeros comercializados al margen de la Ley.
Ni siquiera el escandaloso caso que develó la corrupción en masa del alcalde de Salvador Mazza, según informó El Tribuno de Salta, dueño y señor de las llaves que abrían los pasos ilegales hacia Bolivia, ha movido un pelo a los responsables, a pesar de que parece inaudito que alguien establezca una “frontera paralela” a un lado y nadie se entere al otro lado.
El asunto es en las fronteras, porque los abusos son mayúsculos después y, desde luego, la red de distribución de la mercadería ilegal es muchísimo más veloz que cualquier amago de reacción de la Aduana. Aún se recuerda en Tarija aquel operativo que se realizó en las tiendas de ropa usada del centro y donde algunas comerciantes prefirieron regalar su ropa antes que entregarla, desconfiando de su destino final. La mayoría simplemente eran el último eslabón de la cadena y que poco o nada pudieron explicar al respecto, mientras que los responsables de la internación se iban de rositas.
Lo de luchar contra el contrabando no es un “capricho de socialistas”, como advierten esas nuevas derechas que creen que los productos “importados” ayudan a regular los precios y que lo que hay que hacer en realidad es devaluar la moneda y precarizar aún más el trabajo en el país para ser “más competitivos”.
Luchar contra el contrabando es una necesidad para proteger nuestra precaria producción nacional y salvaguardar los puestos de trabajo local que alimentan dignamente a las familias, pero esto no parece interesar demasiado ni a unos ni a otros, que apenas remueven la agenda cuando hay algún hecho violento en las fronteras.
Todos los países del mundo han tomado medidas durante la pandemia en el sentido de proteger la industria nacional y los puestos de trabajo, porque de ellos depende la buena circulación de la economía nacional, mientras, en Bolivia se guarda silencio ante el galopante contrabando que perfora los sueños familiares, precariza los empleos y elimina las expectativas.
El esfuerzo vale la pena en tanto optimiza la inversión y complementa a los esfuerzos por sensibilizar al comprador, que es parte del problema, pero no el único. Lo que está claro es que es tiempo de acción, no de más promesas.
