Alarma de fuga y de putrefacción
Es urgente un pacto social y político que permita renovar un sistema de Justicia que debe empezar por las universidades, eliminando las roscas y garantizando que los más dotados y no solo los más ricos son capaces de sostener la carrera judicial
Parece evidente, pero al parecer no lo es tanto. En medio del escándalo por la liberación de asesinos y violadores confesos y con sentencia, el Gobierno decidió armar una comisión para evaluar los casos que podrían haber accedido a la libertad por medio de artes poco lícitas. Lo hizo con mucho bombo y fanfarria, esperando que todo el mundo se entere de todo, pero claro, evidentemente los primeros que se enteraron fueron los "beneficiados" del sistema corrupto.
Que nadie se equivoque, dejar de elegir a los jueces democráticamente no es la solución a nada, porque el problema no está en el voto sino en la selección
Habrá que ver más detalles en el nivel nacional, pero al menos en Tarija uno de los primeros identificados, Jairo Delgado, con sentencia por parricidio y feminicidio pero no ejecutada, ha desaparecido ante la posibilidad de modificar unas medidas sustitutivas que precisamente no valoraba el riesgo de fuga de un hombre joven condenado a 30 años de cárcel, ni el miedo del resto de familiares que fueron claves en su detención.
Hay casos todavía más complejos, más parecidos al original del asesino de El Alto, que desencadenó todo. Casos en los que teniendo sentencia firme y ejecutoriada por 30 años, un buen muñequeo les había dado la libertad a cambio de un puñado de dólares por los necesarios informes médicos realizados a la medida. Presos peligrosos y sin escrúpulos que compraron su libertad y que desde luego no estarán sentaditos esperando a ser descubiertos de nuevo.
En un país tristemente acostumbrado a la corrupción, algo se ha roto. Se ha trascendido una línea roja muy desagradable. Y es que, aunque todo sea corrupción intolerable, una cosa son esos casos de políticos en los que al final nadie pisa la cárcel; esas sentencias donde el huido acaba siendo inocente, o donde la reelección indefinida se convierte en derecho humano, y otra diferente es que el asesino de un vecino o el feminicida de un pariente, acabe en la calle por pagar unos pesos.
El deterioro moral dentro de la institución de Justicia es lo que está provocando este recelo, un deterioro moral del que todos somos responsables, pero sobre todo aquellas autoridades que no han dudado en anteponer sus intereses personales, forzando lo que hiciera falta para salirse con la suya. No hay revolución sin justicia social, no hay justicia social sin justicia constitucional, y no hay una forma de eludir el castigo sin caer en la corrupción.
Es urgente un pacto social y político amplio, un pacto de Estado que permita renovar un sistema de Justicia que debe empezar por las universidades, eliminando las roscas y los beneficios corruptos, pero también garantizando que los más dotados y no solo los más ricos son capaces de sostener la carrera judicial; y debe acabar con una forma de elegir a los mejores. Por el medio hay que lograr sistemas transparentes que permitan el seguimiento y el control social, que, como ha quedado en evidencia, es el único resguardo que nos queda.
Que nadie se equivoque, dejar de elegir a los jueces democráticamente no es la solución a nada, porque el problema no está en el voto sino en la selección. Es urgente recomponer la justicia, y ahí, la movilización social es vital. Sin Justicia no hay Estado.
