La Ley de Hidrocarburos que necesita el país

El Movimiento Al Socialismo (MAS) lleva prometiendo un cambio en la Ley de Hidrocarburos prácticamente desde que entró al Gobierno en 2006, y eso que la norma apenas cumplía un año. Nunca lo hizo por una cuestión esencial: el decreto de la nacionalización había dado ya todo el margen para actuar en los elementos clave del proceso de industrialización, como la institucionalización de YPFB y su participación en todas las fases de la cadena, pero desde la renuncia de Andrés Soliz Rada apenas seis meses después de que el gran compromiso de campaña se hiciera realidad, nadie ha querido hacerse cargo del asunto. De hecho, la renuncia del padre de la tercera nacionalización fue precisamente por la falta de apoyos que encontró en el gabinete para desarrollar el decreto.

Entrar a cambiar la Ley solo hubiera expuesto aún más las contradicciones entre lo que se decía y lo que se hacía. Los datos fríos hoy hablan de más de 54.000 millones de dólares repartidos entre empresas y Gobierno después de una dulce renegociación que capitaneó Álvaro García Linera por un lado y Repsol por el otro y que se saldó con un acuerdo tácito de pagar todo lo invertido sin auditar demasiado; sufragar la buena vida de las petroleras – aviones, salarios estratosféricos, buenos hoteles, etc., - a través del misterioso Anexo D y, sobre todo, no imponer la reinversión en forma de exploración.

Estas cosas se podían haber corregido en el tiempo. También cualquier reajuste en materia de porcentajes de impuestos que se hubiera considerado bajo el mantra de la “seguridad jurídica” y la necesidad de hacer “un país atractivo para la inversión extranjera”. El MAS, con sus dos tercios de 2010 a 2019 podía haber hecho lo que quisiera. Un ministro llegó a aseverar que la nueva Ley ya estaba lista en un 90 por ciento hace ya más de cinco años, pero nadie cambió nada para felicidad de las transnacionales.

Lo cierto es que, aunque la Ley es de 2005, el contexto y el sector han evolucionado tanto y tan rápido que los ajustes implican más de un cambio de fondo, y al mismo tiempo es imprescindible una Ley que no solo regule lo que se puede hacer con los hidrocarburos en el país de acuerdo a la Constitución, sino, sobre todo, para qué. Además, cualquiera nueva Ley debe pasar por garantizar la refundación aplazada de YPFB, en los términos propuestos por Andrés Soliz Rada en agosto de 2006, dando cumplimiento al DS 28701 de la tercera nacionalización de los hidrocarburos.

El uso del combustible fósil tiene fecha de caducidad temprana, y aunque el gas haya obtenido una especie de licencia especial, nadie contempla a estas alturas inversiones faraónicas ni de riesgo alto para encontrar un combustible que tiene las horas contadas, así que el problema de los bolivianos lo tendremos que solventar los bolivianos, de la misma manera que deberemos resolver el dilema sobre la inversión eficiente y el temido fracking, la técnica no convencional que permite romper con mucha menos precisión amplias zonas del subsuelo para liberar el hidrocarburo y que fluya al exterior, salga por donde salga.

Cualquier modificación de la Ley debe contemplar escenarios nuevos, que a menudo colisionan con los asuntos de fondo de la Constitución. Una ley no puede contradecir a la Constitución, por lo que esta vez el Gobierno deberá hacer un esfuerzo mayor para consensuar un nuevo texto de la Ley de Hidrocarburos que realmente sea útil para el país y enfrente los problemas reales del sector en esta coyuntura para que el país pueda beneficiarse de sus recursos. La otra alternativa es, como siempre, no hacer nada y dejar que el mercado obre…