Es tiempo de acabar con el narcotráfico en el país
Es difícil mirar para otro lado cuando el expresidente y actual gestor principal del partido de gobierno es a su vez dirigente de las federaciones cocaleras del Trópico cuyo destino de la producción es una de esas incógnitas silenciosas en un debate que no se ha acabado de dar en el país
Que más de la mitad de los últimos peces gordos de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia hayan caído por formar parte del negocio es una situación vergonzante para el país, que, por otro lado, no es demasiado pudoroso en esa materia. Cayó Sanabria, cayó Nina y acaba de caer Maximiliano Dávila, todos al frente de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narcotráfico en los últimos años y a los que después se les han identificado nexos de todo tipo con el negocio, desde los que supervisaban los cargamentos en Panamá hasta los que “solo” daban protección a los grupos operativos del sector.
El asunto es delicado porque toca las parcelas del poder. El propio Maximiliano Dávila en su traslado a San Pedro quiso señalar al Ministro “pequeño burgués” Eduardo del Castillo, del que dijo que trataba de incriminar a Evo Morales en – se entiende – el último informe de la DEA tras la detención de Rojas y Techo e Paja, y es que, se vea como se vea, es difícil mirar para otro lado cuando el expresidente y actual gestor principal del partido de gobierno es a su vez dirigente de las federaciones cocaleras del Trópico cuyo destino de la producción es una de esas incógnitas silenciosas en un debate que no se ha acabado de dar en el país, que sigue dando vueltas al “coca no es cocaína”, y que tiene que ver con la línea de la legalización, ya que traslada la responsabilidad a los países consumidores y no a los productores.
En casi todos los países del entorno se ha empezado el debate de la legalización del cannabis y en algunos países ya está plenamente normalizado, como en Uruguay, y todavía nadie ha planteado la legalización de una droga dura como la cocaína, aunque comparte principios.
Mientras tanto, la clandestinidad conlleva todo el resto de los problemas de la cadena de uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo. La ilegalidad supone la precariedad del campesino productor; la producción clandestina y sin ningún tipo de control de calidad, lo que conlleva altísimos riesgos para la salud y la transacción económica sin dejar ningún aporte al Estado, liberalismo puro y duro. Pero, aun así, el efecto más grave de todos es el de la violencia.
Poco antes de que estallara el escándalo Dávila, la actualidad informativa recogía cada vez más hechos de sangre relacionados al narcotráfico. Un narco brasileño tiroteado en Santa Cruz, un ajuste de cuentas en San Matías, otras peleas, operativos, balaceras, y más y más muertos en otras fronteras inhóspitas, como las de Yacuiba. Parámetros que se repiten cada vez con más frecuencia, y que si se ponen todos en orden y al mismo tiempo da cuenta de la gravedad de lo que está pasando en Bolivia.
En un tiempo de crisis e inestabilidad política y social, no resulta difícil que se desborde la violencia por el control de territorios que en los últimos 30 años se ha gestionado claramente de otra manera en Bolivia. Es tiempo de que alguien haga algo para asegurar que esto no pase. Que Bolivia no se convierta en el peor México o en la Colombia de aquellos años. Es tiempo de hacer cosas diferentes y acabar con la lacra del narcotráfico en el país.


