La corrupción boliviana de cada día
La corrupción es de largo el primer problema del país y alguien debería pergeñar un plan para atajarlo antes de que al país no le queden ni los huesos
Bolivia ha vuelto a aparecer en los últimos lugares del ya famoso índice de percepción de corrupción (IPC) es un índice publicado de forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín.
En Berlín y “percepción” son dos palabras clave para entender mejor el encuadre en el que se mueve el famoso índice, y que como es de esperar, coloca en los primeros puestos a países europeos ricos y occidentales mientras que en el extremo opuesto aparecen los países más pobres del planeta: Libia Somalia, el Congo, Irak, Afganistán y otros tantos.
Lo que mide el índice es qué país se percibe más corrupto y no de donde provienen la corrupción, algo que sería muy interesante de analizar, ya que a menudo lo que pretende lograr esa corrupción son jugosos contratos de explotación de servicios o materias primas por parte de transnacionales. Aunque este es un debate que por el momento dejaremos de lado.
Que Bolivia se encuentre entre los países percibidos como más corruptos no es de extrañar, sobre todo en los últimos años donde las instituciones han acabado doblegándose hasta el extremo y cambiando de opinión al mismo ritmo que se cambiaba de gobierno.
La Justicia ha dado un grito de alarma en los últimos años, a todos los niveles, desde el último de los abogados hasta el mismísimo Tribunal Constitucional, que últimamente se ha puesto a revisar sentencias del Tribunal Supremo, que no es su competencia, y que ha sido capaz en poco tiempo de avalar la reelección presidencial como un derecho humano o la legitimidad de un autonombramiento presidencial en una sesión sin quórum.
Toda esa negligencia jurídica parece extenderse hasta el último juzgado del país, hasta el último despacho de un fiscal. Las víctimas denuncian a menudo estas componendas, estas contemporizaciones de las investigaciones, los procesos y hasta las pruebas en función de la coima disponible; sentencias a medida; casos ignorados… Ni los audios filtrados hacen que a nadie se le mueva un pelo, porque así funciona el sistema y, además, nadie parece querer cambiarlo.
Lo propio pasa tantas veces con la policía, donde las denuncias de robos o atracos quedan en nada; donde se denuncian malas artes en el penal sin que pase nada; donde tránsito se ha convertido en una caja registradora…
Lo mismo pasa en la mitad de las instituciones públicas del país, particularmente aquellas que prestan servicios, como conectarte la luz o el gas o el agua y que te exigen una “ayudita” de más, o aquellas que tienen el poder de aprobarte o no un plano o una ampliación o una licencia de funcionamiento y donde las normas acaban siendo una referencia lejana.
Y mientras tanto ¿Qué pasa en el poder político, responsable de que estas cosas se controlen? Pues pasa que se cuotean pegas, se reparten ministerios, quien sabe si adjudicaciones y primero paz y después gloria.
La corrupción es de largo el primer problema del país y alguien debería pergeñar un plan para atajarlo antes de que al país no le queden ni los huesos.
