La Policía, otra vez

El escándalo devenido por la detención del ex zar antidroga Maximiliano Dávila es mayúsculo por tratarse de quién es, porque se había convertido en intocable tanto en el gobierno de Evo Morales como en el de Jeanine Áñez y que duró poco más de cinco meses en el de Luis Arce y porque su detención nació en un informe de la DEA estadounidense que con seguridad utilizó información de su reo más prolífico, el exministro Arturo Murillo, quien desde su detención por corrupción entre particulares negocia beneficios penales a cambio de secretos oficiales.

Incluso el momento en el que se desencadena el asunto parece estudiado a fondo, pues lo hace en medio de una cruenta batalla entre sectores del Movimiento Al Socialismo y con varios ministros en el punto de mira, entre ellos el de Gobierno, Eduardo del Castillo, que es quien ha puesto la cara en la detención y a quien el propio Dávila ha acusado abiertamente de violentar el procedimiento de la detención con un objetivo: involucrar a Evo Morales.

Y es que sí, Dávila tenía en su propio Facebook una foto con el expresidente Evo Morales en octubre de 2019 celebrando su cumpleaños, el del mandatario, lo que no prueba otra cosa que el ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico sabía cómo arrimarse al poder y utilizarlo en su propio beneficio. Al menos hasta que se demuestre lo contrario.

El problema con la FELCN es que el asunto se ha vuelto recurrente y por ende, hay que buscar responsabilidades más arriba. Solo en el Gobierno del MAS le ha precedido René Sanabria y Óscar Nina, los dos con el mismo cargo que Dávila y los tres caídos por las mismas causas, narcotráfico, aunque técnicamente a Dávila se le acusa de ganancias ilícitas.

Dávila va a jugar todas sus cartas para evitar no solo una extradición, que se ve remota, sino una caída en desgracia con mucho escarnio, pues está convencido de que, de alguna manera, los antecedentes y la coyuntura política le protegen.

Lo que desde luego no parece normal es que después de tanto cacareado, la institución policial siga siendo una institución al margen del control popular y con capacidad para desestabilizar cualquier gobierno en cualquier momento mientras se olvidan de cumplir con su principal misión: proteger al ciudadano.

El Gobierno, y concretamente el ministro De Castillo del Carpio, lleva tanto tiempo prometiendo un ajuste en esto, una reforma profunda que vaya más allá que un simple lavado de cara y cambio de cromos que ya no resulta creíble. Para este gobierno nada hubiera sido igual si aquella noche del 7 de noviembre no se hubieran sublevado un grupo de policías en Cochabamba y después en el resto del país, una situación que más allá de las afinidades o fobias, no debería suceder en un país democrático.

La policía necesita una reforma en profundidad, necesita mejores oficiales y, sobre todo, mejores jefes. Es necesario saber elegir a los mejores, y quien no sepa, debe aprender a pagar el precio político de sus errores.