La ABC, las empresas chinas y la misma piedra

Al final las adjudicatarias internacionales se reducen a un pequeño equipo que llegan al país para subcontratarlo absolutamente todo al precio más barato posible para repatriar el beneficio

El año económico empezó con una de esas noticias que alientan la desesperanza, sobre todo porque se trata de una conducta reiterativa en los últimos años: la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca anunció la adjudicación de una doble vía en su territorio, por más de 450 millones de bolivianos, a una Asociación Accidental denominada China Harbour, que da cuenta del origen de sus empresas afiliadas.

La noticia ha vuelto a poner de los nervios de las Cámaras de la Construcción de todo el país, a los círculos de empresarios, pero también a profesionales y a los propios sindicatos de trabajadores – aunque la Central Obrera sigue sin abrir la boca en estos asuntos -. Todos ellos esgrimen razones que son más que legítimas sin entender por qué el Movimiento Al Socialismo se niega a implementar su propio decreto supremo que sustituya al gonista 181 y que salvaguarde los intereses legítimos del Estado.

Casi todas las carreteras de entidad u otros proyectos de alto volumen acaban siendo adjudicados a empresas extranjeras, muchas veces sin ninguna experiencia sobre el terreno nacional, pero que son beneficiadas por haber operado montos similares en otros países y, sobre todo, por la capacidad financiera al depositar las garantías.

La realidad es que al final las empresas internacionales se reducen a un pequeño equipo de personas con computadoras personales que llegan al país para subcontratarlo absolutamente todo al precio más barato posible, con condiciones muchas veces abusivas, pero con dinero boliviano, del que de inicio descuentan las utilidades y luego rascan lo posible. En demasiadas ocasiones, además, estas empresas no acaban en plazo, cambian los proyectos originales y, a veces, desaparecen simple y llanamente sin concluir la obra.

Uno de estos ejemplos se vivió en Tarija, en el tramo Entre Ríos – Palos Blancos, adjudicado por 85 millones de dólares a una empresa española, Eurofinsa, que se redujo a un equipo de trabajo que nunca había hecho vigas para un puente de verdad; que hizo lo que quiso con volqueteros, choferes, gente del catering; que modificó las especificaciones técnicas para dejarnos una carretera con pendientes al 8 por ciento y curvas reviradas donde no caben dos vehículos medianos al mismo tiempo; que entregó una carretera que nunca tuvo el firme completo y a los dos meses se había levantado en las zonas críticas y que, a la mera hora, se fue dejando deudas y promesas sin cumplir.

El presidente Luis Arce se considera padre de un modelo Económico Social Productivo que a su juicio funciona en Bolivia y que se basa en los principios keynesianos de la redistribución del ingreso, pero sin embargo no ha previsto todavía una fórmula para evitar que el dinero de los bolivianos se vaya del país de la forma más obvia, como lo hace con las licitaciones – cuyas utilidades se van a otros países - o con el manejo de los fondos de pensiones, destinados a sufragar intereses “triple A”.

Arce tiene la oportunidad de nacionalizar la economía en un momento de crisis y de redefinición mundial en ese sentido, aunque de momento no parece tener mucha voluntad.


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