Justicia para los de abajo

Se ha prometido tantas veces que la demora solo puede entenderse desde la desconfianza. No hay verdadera voluntad para enfrentar la reforma de la Justicia a fondo, ni por un lado ni por el otro, pues al final todos los poderosos parecen preferir una justicia corrupta y acomodable en un momento dado. Ahora, los de abajo sufren.

La Justicia Boliviana está en una situación especialmente crítica, y no hay lugar donde no esté comprometida. El problema afecta a todos los estamentos y en todos los niveles. Primero, como se evidenció recientemente, en la Universidad, donde no solo hay malos tratos y altivez, sino también negociados de libros, fotocopias, exámenes, mesas y todo lo que se pueda imaginar que sea comercializable dentro de la noble misión de sacarse una carrera en la pública.

Después vienen los problemas con la Policía, parte esencial en la administración de justicia, pero cuyo apego a la norma y al debido proceso es cada vez más eventual, y solo la flagrancia permite recorrer algunos pasos, lo contrario, es decir, confiar en una investigación tras el robo de una casa, de un auto o de un celular, por ejemplo, es misión imposible.

En la Fiscalía pasa lo propio, desde el nivel pequeño hasta el más alto. En casos ligeros y en casos absolutamente mediáticos, los errores se multiplican y casi nunca pasa nada. Lo vimos, por ejemplo, en la investigación del caso Mariscal, abierta por trata y tráfico (imagínate) y donde todas las pericias, todas, se arruinaron.

Un ejemplo de lo que no hay que hacer lo ha dado, por ejemplo, el actual Fiscal General Juan Lanchipa, que cuando gobernaban unos imputaba a Evo Morales, a la niñera de Quintana o quien tocara por sedición o a los vocales del TSE por fraude, y cuando gobernaban los otros no solo los sobreseía, sino que imputaba a los otros igualmente por sedición, conspiración para golpe de Estado o lo que se tercie. Eso sí, a Jeanine Áñez sí, a Luis Fernando Camacho no. Con criterio.

En Bolivia existe eso de las “sentencias ejecutoriadas”, que viene a ser un estadio después del último recurso de apelación y que queda absolutamente a criterio del Tribunal Supremo, que hace lo que hace, y últimamente se ha inventado un estadio más allá, que pasa la pelota al Tribunal Constitucional incluso en materia penal, que no es su competencia.

Del Consejo de la Magistratura han salido audios por doquier y todo el detalle de la comercialización de cargos, pero no pasa nada.

Y el Constitucional… un día avaló el derecho humano a la reelección de Evo Morales y otro día la autoproclamación de Jeanine Áñez.

La Justicia requiere una intervención de fondo y en serio, urge transparentar y garantizar el control social. No es suficiente con elegir a los jueces. Es necesario que estos no se corrompan y tengan claro a quien deben servir: al pueblo boliviano indefenso ante sus autoridades abusivas