Presupuestos de otros tiempos
El Gobierno apuesta por un presupuesto continuista respecto a los años de bonanza, pese a que las perspectivas de crisis por el covid y la coyuntura internacional son inciertas
El Presupuesto General del Estado entra en su última fase de tramitación, o mejor dicho, de aprobación. Hace tiempo que el presupuesto del Estado no se debate precisamente por las mayorías amplísimas del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero también por la desidia de la oposición y las urgencias de las Gobernaciones, que al final no quieren verse en pleitos ajenos.
El de este año no está siendo la excepción, aunque viene acompañado del ruido que se ha vuelto habitual en cada una de las iniciativas del Gobierno de Luis Arce, algo que debería hacer reflexionar al menos a los estrategas.
Lo cierto es que el presupuesto es continuista a lo que venían siendo las gestiones del Movimiento Al Socialismo, algo que no es raro teniendo en cuenta que el Presidente fue casi 14 años el responsable de ese documento, que, en general, es un documento optimista de la situación y de la coyuntura, como lo fue el Gobierno de Evo Morales hasta que vinieron mal dadas.
El presupuesto agregado crece un 2,9 por ciento respecto al año 2020 y se asienta en los 304.045 millones de bolivianos, y básicamente sigue siendo un presupuesto centralista porque es el Gobierno central el que recauda y también el que gasta. En general, el Estado central, las empresas públicas y las descentralizadas ingresan el 89,3% y gastan el 81,4%, así que la redistribución es mínima.
El precio del petróleo se ha estimado en 50 dólares, muy por encima de los 39 presupuestados en 2019, y aunque las previsiones son que se mantenga entre los 60 y los 70, no hay mucho margen para caídas
Lo cierto es que los ingresos dependen en un tercio de fuentes financieras, la mitad de ellas externas, y que se prevé incrementar la recaudación tributaria en un 12 por ciento, algo que no será difícil teniendo en cuenta que 2020 y 2021 han venido marcados por la pandemia, sumiendo en crisis absolutas a las empresas.
Las críticas casi siempre vienen por el gasto, más ahora que a la oposición boliviana le ha entrado una suerte de libertarismo discursivo que encaja perfectamente en el momento. Más del 57 por ciento del presupuesto se va en gasto corriente, es decir, más de 50.000 millones de bolivianos en sueldos y salarios, algo que en el manual liberal es cuestionable, pero que en la realidad boliviana supone miles de puestos de trabajo formales que no encontrarían en otros rubros.
Es posible que el presupuesto sea optimista en cuestión de ingresos, tanto tributarios como financieros, pero además se han corrido riesgos. El precio del petróleo se ha estimado en 50 dólares, muy por encima de los 39 presupuestados en 2019, y aunque las previsiones son que se mantenga entre los 60 y los 70, no hay mucho margen para caídas. El cuadro macroeconómico lo completa la tasa de crecimiento prevista del 5,1%, la de inflación del 3,4%, un déficit fiscal del 8% y una inversión pública de 5.000 millones de dólares, que depende de demasiados factores externos.
El MAS ya ha demostrado que de revolucionario comunista en materia económica tiene poco. La cuestión es si este presupuesto de agregados, con el que se van dando contentos a todos, sumando obras, repartiendo pegas y sosteniendo instituciones y ministerios mientras ninguno de los sectores poderosos de este país se enoja – ni los mineros, ni los soyeros, ni los banqueros -, es lo que realmente necesita Bolivia para no tambalearse y salir reforzada de la crisis respecto a los vecinos, mucho más vulnerables a los vaivenes externos. No vale sentarse a esperar a ver qué pasa.
