El desafío de nacionalizar la economía

El recrudecimiento de la batalla política ha dejado parqueados algunos asuntos de política económica que apenas se han dejado entrever en la larga gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero que parecía que en esta ocasión, con Luis Arce como Presidente y ya no como Ministro de Economía, se iban a empezar a abordar.

Los pulsos de los últimos días han dejado en claro que la sociedad boliviana no se ha transformado esencialmente desde aquel 2003 en el que Gonzalo Sánchez de Lozada planteó el “impuestazo” y a punto estuvo de costarle, ya en febrero, la Presidencia. En general los sectores más populares viven en un libertarismo que para sí lo quisiera Javier Milei, combinado con un Estado al que se le exigen cosas, aunque eso no es lo más importante.

Los quince años de Movimiento Al Socialismo, marcados por una bonanza sustancial en los precios de las materias primas, han consolidado esa imagen distorsionada. El Gobierno populista utilizó los recursos de la Renta Petrolera para repartir bonos y resolver problemas más o menos inminentes, construir obras visibles y poco más, todo bajo el lema transversal de “Bolivia va bien”, lo que por consiguiente desincentivaba cualquier reforma tributaria que exigiera a los ciudadanos o sus empresas a aportar más de lo ya establecido, como es lógico.

El MAS, sin embargo, no solo fue populista con los ciudadanos, sino que protegió sobremanera a los grandes sectores transnacionales que operan en Bolivia, como el de la minería, que a través del sistema cooperativo aporta prácticamente nada al Estado; el de las petroleras, que desdibujaron la nacionalización con sus contratos y sus famosos “costos recuperables” del anexo D; el de las grandes agroindustrias y también el de la Banca, que ha firmado ganancias sin igual en todo ese periodo.

Luis Arce hizo campaña con una sola propuesta de este corte: implementar un impuesto a las grandes fortunas, una medida muy “progre” de las que se plantean en los think thank y que difícilmente encuentra a un puñado de reticentes, pero que es básicamente, maquillaje. Aquella fue tal vez la última medida económica que el MAS logró sacar adelante con solvencia, pues después vino la ley para que las tecnológicas paguen sus impuestos en Bolivia como lo hacen en cualquier otro lugar del mundo y se acabó retirando por una serie de interpretaciones peregrinas de la Ley y de lo que Netflix iba a hacer en Bolivia a sus pobres usuarios.

Arce tiene la oportunidad de hacer algo revolucionario en este momento de crisis y de transformación global: nacionalizar la economía de verdad, invertir los recursos de los bolivianos en Bolivia, actualizar el marco normativo para que así sea y para rayar la cancha a las transnacionales, que discursos aparte, siguen haciendo de Bolivia su hacienda.

No hay duda de que el país tiene todavía muchos desafíos por delante como para emplear una gestión completa, ojalá no se pierda en otros debates estériles y confrontacionales que no llevan a ningún sitio.