Quién necesita una offshore

Las fortunas mal habidas no deben ser protegidas, ni por el Estado, ni por la justicia, ni por los medios de comunicación, ni mucho menos por los ciudadanos

Hasta este 2021, en Bolivia no existía un impuesto sobre el patrimonio, que es muy distinto al impuesto municipal que se cobra a los bienes inmuebles o a los vehículos básicamente para mantener los servicios básicos, el pavimento y todas esas otras cosas que hacen falta para que una ciudad funcione.

El impuesto lo prometió Luis Arce Catacora en la campaña de 2020. Un impuesto a los ricos que logró movilizar y dar una apariencia de propuesta de izquierda frente a la tradicional oposición de derechas. Fue tal vez la única propuesta ideológica de todos los frentes, y le surtió efecto.

El impuesto finalmente se implementó ni bien se accedió al poder, pero solo grava a los grandes patrimonios de verdad, que han resultado ser algunos más de los previstos, pues apenas se calculaban unos 150 nuevos tributantes. El mínimo para tributar son patrimonios de 20 millones de bolivianos.

La aparición de tantos tributantes ha sorprendido a propios y ajenos, pues si algo es habitual en Bolivia es la dispersión de los bienes en base a testaferros, sociedades opacas dentro del país o a los propios familiares. No resulta complejo armar un esquema que permita mantener el control sobre las propiedades sin levantar sospechas. Por otro lado, la inscripción de los bienes suele hacerse muy por debajo del valor comercial de los mismos, lo que desvirtúa todavía más la dimensión de las fortunas nacionales.

Para luchar contra esto, en todos los países se aplica primero mayor trasparencia, es decir, que cualquiera pueda consultar la propiedad de determinados bienes sin demasiadas trabas procedimentales, y por otro lado, herramientas legales que permitan investigar a fondo cuando hay indicios de fraude, ocultamiento, enriquecimiento ilícito o corrupción, porque sí, la mayoría de los escándalos en este país acaban pasando sin aclararse, con suerte los protagonistas pasan alguna temporada en la cárcel, pero por lo general, el dinero no aparece nunca.

Esto pasa a la vista de todo el mundo, gente que se mete en política o en la función pública y sale con vagonetas, edificios, departamentos, lotes, fincas y demás está a la orden del día. Sin embargo, en Bolivia está habiendo mucho ruido para que una Ley que dote al Estado de instrumentos para investigarlo salga adelante.

Ni siquiera el propio partido de Gobierno está muy convencido del contenido de la Ley. Nadie olvida que con el cambio de Gobierno las acusaciones siguieron yendo por la Secesión, rebeldía, conspiración, etc., y no por los asuntos más evidentes de corrupción. Evitar que se creen instrumentos aptos para la investigación por desconfiar del administrador temporal de la norma es un error.

La cuestión es que a pesar de todo esto, en Bolivia hay 300 personas/sociedades según la investigación del ICIJ que ocultan recursos en paraísos fiscales, una situación que dadas las características nacionales tienen una sola función: ocultar el origen de los fondos. Curiosamente, los nombres de los descubiertos no han sido publicados ni siquiera por el medio que colaboró en la investigación.

Las fortunas mal habidas no deben ser protegidas, ni por el Estado, ni por la justicia, ni por los medios de comunicación, ni mucho menos por los ciudadanos. Ojalá pronto se puedan sincerar estos aspectos para tomar medidas.


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