El 45% y las cosas que aún se pueden hacer
Chaco por su capacidad industrial y productiva y Tarija por su asiento logístico y de servicios, estaban predispuestos a ser complementarios para hacer del sur del país un polo de desarrollo con referencia nacional
Nadie parece estar dispuesto a hacer demasiado por evitar el choque de trenes que se avecina entre la Región Autónoma del Chaco y la Gobernación de Tarija, impulsada o presionada a su manera por el resto de compromisos con las provincias y los propios agobios de unas cuentas que no cuadran y que difícilmente cuadrarán en el corto plazo.
La cita está sobre la mesa, el gobernador Oscar Montes aguarda al ejecutivo Regional José Luis Abrego para tratar de enfocar el asunto del reparto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en el departamento de Tarija para 2022 en un año que es especialmente escuálido e intrascendente, pero que se ha convertido en una suerte de excusa para desanudar todas las demás rencillas acumuladas por lustros.
Los montos son mínimos: de los 75 millones consignados en el POA de 2022 solo 35 serían de libre disposición, ya que el resto viene asignado a proyectos nacionales específicos financiados con recursos departamentales, como la Renta Dignidad. La diferencia entre reconocer la entrega del 45% al Chaco, como recoge diferente normativa, o hacerlo con otros criterios como el poblacional dista apenas de cinco millones de bolivianos, más o menos lo que la Gobernación de Tarija tiene previsto invertir de su 55% en los proyectos directos para los tres pueblos indígenas chaqueños por su apoyo en la Asamblea Departamental, más su consiguiente gasto de funcionamiento.
Fracasado Boyuy, en Caraparí, la expectativa de YPFB está puesta en el campo de Astillero, en Arce, y también en San Telmo, en O´Connor, momentáneamente olvidado, aunque también hay algunos proyectos en el Chaco como el Aguaragüe Centro y otros prospectos de reactivación de campos abandonados que puede dar resultados en el corto plazo. El objetivo de las provincias es romper definitivamente el consenso del 45%, que durante años ha entregado al departamento el 55% de los recursos de la renta petrolera que se obtenía principalmente del Chaco, y que poco a poco va escaseando.
El margen de negociación por ambos lados es muy escaso: el Chaco ya tiene una Autonomía Regional con recursos directos que debe hacer funcionar, y el resto del departamento produce lo que produce, gasta lo que gasta y pesa lo que pesa. El Chaco tiene más cerca la Gaceta Oficial del Estado y se avecina un proceso constituyente a nivel nacional con mayor o menor alcance que puede acabar removiéndolo de nuevo todo, y todo el mundo tiene claro que el 45% de cero es cero, pero también que el 55% de cero es cero, y no, no hay alternativa en el corto plazo que permita sostener los programas de la Gobernación de ninguna otra manera.
Mientras tanto, hay docenas de proyectos que competen a todo el departamento más allá del lugar geográfico donde se ubiquen y cuyos beneficios son mucho mayores que cinco tristes millones de bolivianos. El Chaco por su capacidad industrial y productiva y Tarija por su asiento logístico y de servicios, estaban predispuestos a ser complementarios para hacer del sur del país un polo de desarrollo con referencia nacional. Sin embargo, nada favorece más a los intereses tantas veces mezquinos de agroindustrias y petroleras que la división, que encontrarnos cada vez más pequeños, más débiles, más enfrentados y, por ende, más vulnerables. Todavía hay tiempo para la reflexión.
