Un cambio constitucional en ciernes
Lo innegociable es que la Justicia debe cambiar, es imprescindible buscar el camino más corto para ello, pero también el más seguro, para que las modificaciones garanticen la integridad democrática
El acuerdo político en Bolivia se ha convertido en una rara avis producto de dos legislaturas seguidas de mayoría absolutísima, lo que lo hacía innecesario, pero también de un orilleó ideológico que ha dejado al margen de cualquier debate los asuntos de fondo y las reformas estructurales y se ha centrado en los asuntos de corto plazo y mucho populismo.
Que las cosas no se debatan lo suficiente tiene consecuencias, es lo que pasa con la Ley de Educación, obsoleta desde su nacimiento, o el tema del SUS, que llegó tarde e incompleta, pero siempre es mejor a que las reformas ni siquiera se hagan.
La última vez que se debatió arduamente fue en la Constituyente, y el resultado es el que es, un documento extensísimo con demasiadas figuras novedosas que después han fracasado en la aplicación, pero que no pueden modificarse alegremente porque requieren un cambio constitucional, y eso no es tan alegre como aprobar una Ley por mayoría absoluta.
Uno de los asuntos que requieren un cambio de fondo es el de la Justicia, con graves problemas estructurales desde su concepción y, sobre todo, altamente vulnerable a la corrupción y a la presión política, como quedó en evidencia durante el raquítico año de gestión de Jeanine Áñez, donde los jueces y fiscales mostraron su verdadera pasta con más soltura aún de lo que lo hicieron durante los 14 años de Evo Morales.
Desde el inicio de la legislatura, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha hecho esfuerzos por escenificar una serie de mesas de reflexión que encaminaran precisamente el cambio necesario en la Justicia, pero de momento han ido fracasando por diferentes motivos.
El lunes y a cuenta del informe del GIEI, Comunidad Ciudadana ha querido anotarse un tanto y ha planteado un pacto político para la reforma de la Justicia, que más allá de contemplar una petición de juicio de responsabilidades contra el actual Fiscal General, Juan Lanchipa, que efectivamente ha ido cambiando de criterios al calor del momento, no contiene muchas más novedades, ya que el Fiscal General ya se elige en la Asamblea y está previsto elegir también a los Departamentales y difícilmente se puede apostar por un sistema más democrático para la elección de altos magistrados que el voto popular.
Claro, la trampa está en la convocatoria, pues al final se acaba sometiendo a los gustos de la Asamblea Legislativa Plurinacional que es la representante de la soberanía popular en su conjunto, y es lo que tiene ganar elecciones con amplia mayoría, o perderlas indecorosamente.
Es verdad que tanto el MAS como Creemos y Comunidad Ciudadana tienen intereses y motivaciones particulares en modificar la Constitución para asuntos puntuales; reelección unos, tierras los otros y visibilidad los terceros, pero sería bueno limitar los alcances antes y tal vez buscar un camino más corto para garantizar una amplia participación de los licenciados en derecho tanto para la elección del Fiscal como para la selección de los jueces candidatos a las principales magistraturas del Estado, sin sectarismos, y no aventurarse en una modificación general del texto que puede deparar demasiadas sorpresas.
Lo innegociable es que la Justicia debe cambiar, es imprescindible buscar el camino más corto para ello, pero también el más seguro.
