La amenaza a las fuentes de agua
La ofensiva contra tres normas municipales, destinadas a equilibrar y conciliar el crecimiento urbano con las necesidades básicas de respirar no parece ser fruto de la casualidad ni de un arrebato
Desde la semana pasada circula por el Concejo Municipal de Cercado una serie de propuestas de derogación de leyes a pedido del sector campesino. No son cualquier cosa, pues la subcentral promueve la abrogación de la resolución que regula el Plan de Ordenamiento Territorial; la Ley 100, que regula el movimiento de tierras para proteger espacios municipales de interés – áreas verdes, ríos, bosques, etc., – y la Ley 252, que regula la creación de áreas protegidas municipales en tanto al procedimiento que se debe seguir para su conformación, que en realidad requieren una Ley específica.
La movilización de grupos por intereses sectoriales al inicio de cualquier legislatura es relativamente normal, pues consideran que con el cambio de régimen encontrarán nuevas sensibilidades que les puedan ser propicias bien para poner en pie una arquitectura normativa, bien para derribarla. En este caso, lo que se plantea es lo segundo.
El pedido lo manifiesta el sector campesino y lo canaliza a través de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que consta de apenas tres concejales de 11 en el pleno, pero los alcances de fondo han puesto en alerta a las organizaciones ecologistas, que en realidad ven la mano de los grandes intereses especulativos de loteadores inescrupulosos.
La ofensiva contra estos tres elementos de la normativa municipal, destinados a equilibrar y conciliar el crecimiento urbano con las necesidades básicas de respirar no parece ser fruto de la casualidad ni de un arrebato. Tampoco de un repentino interés de los cultivadores del valle central por expandir sus tierras productivas en nuevos espacios. Oficialmente responde a un malestar por la burocracia que se debe gestionar para realizar un movimiento de tierras, pero también a la no indemnización por la configuración de esas áreas, pero en el fondo parecen estar dirigidos por el voraz intento de seguir urbanizando el campo bajo la supuesta excusa de contribuir a regular los precios especulativos, pero también bajo una falsa soberanía local.
Es verdad que la ofensiva acabaría, por ejemplo, con el área reservada de Aranjuez, que más allá de la coyuntura de su momento, nadie en las instancias ediles se la tomó demasiado en serio. Sin embargo, la mayor amenaza se constituye en el progresivo e imparable avance que los loteadores están llevando a cabo sobre las faldas de la cordillera de Sama, principal fuente de agua del valle central y vital para el equilibrio de todo el ecosistema.
Aparentemente el pedido no debería tener más recorrido en el Concejo Municipal por la propia configuración de las bancadas y los compromisos realizados por unos y otros en campaña, pero bien es sabido que el sector campesino es poderoso y que el jugoso negocio inmobiliario es imperturbable en la consecución de sus objetivos. Toca por tanto poner luz y taquígrafos en un tema en el que nos jugamos buena parte de la sostenibilidad en el mediano plazo para que los ciudadanos sean también capaces de ejercer sus derechos del control social.
