Un informe para superar el conflicto

El informe del GIEI distribuye responsabilidades e identifica víctimas y verdugos, lo que merece investigaciones específicas y no dentro de causas generales, que permitan sanar las heridas y enfocarse en nuevos proyectos

La cuestión de fondo es, al final, cómo nos reconciliamos. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no vino a desvelar grandes secretos ni a resolver los principales misterios que cruzaron transversalmente los sucesos de 2019 que empezaron mucho antes del día de la elección y acabaron abruptamente con la renuncia, tal vez apresurada, de Evo Morales a la presidencia el 10 de noviembre.

Todo lo descrito en el amplio informe, salvo tal vez los temas vergonzantes de abusos sexuales, ya había sido publicado más o menos certeramente en la prensa de todos los días, nacional o extranjera, al menos la que no se quedó con el relato oficial ni de Juan Ramón Quintana ni de Arturo Murillo.

El informe sí sirve para precisar algunos detalles de hechos que en su momento fueron vitales, como el tiroteo a los buses que transportaban a mineros potosinos y activistas tarijeños y que finalmente no registraron muertos, o los aciagos hechos en La Paz y El Alto antes y después de la renuncia de Morales, si bien lo más relevante en términos de responsabilidad penal viene a ser la catalogación de “masacre” de los dos operativos en Senkata y Sacaba perpetrados bajo la dirección política del Gobierno de Áñez y toda la represión posterior, con abuso de la detención preventiva como herramienta principal que no busca justicia y que evidentemente es extensible también al Gobierno de Evo Morales y Luis Arce, aunque esto ya lo sabíamos y ya se había denunciado ampliamente.

El informe debería cerrar una etapa de discusión política sobre generalidades: golpe versus fraude con todos los relatos que acarrea en forma de causas generales de difícil precisión y con demasiado sesgo político, e inaugurar la de los asuntos concretos. En 2019 se cometieron delitos horrendos e intolerables que no deben pasarse por alto ni guardarse en el cajón, pero eso no debe servir para abrir causas generales contra todo un grupo (los masistas, los pititas, los cocaleros, los motoqueros, etc.,) sino que debe depurar todas las responsabilidades específicamente, con nombres y apellidos, de uno y otro lado.

Arce ha pedido abrir un juicio de responsabilidades en la Asamblea Plurinacional, y ya depende de la habilidad de los políticos definir los alcances. Igualmente, el informe detalla delitos e identifica víctimas y autores, por lo que la Fiscalía debería tomar nota. Procesar a los autores de los delitos supone una práctica más sana que abrir causas generales por “fraude” o por “golpe” que normalmente no acaban en ningún sitio.

Depende de los políticos también atender las recomendaciones sobre la independencia judicial, que nunca pretendió el MAS ni tampoco el Gobierno de Áñez, pero que es el único camino para dar legitimidad a las conclusiones y cerrar una etapa que ha abierto heridas demasiado dolorosas en el país. Una legitimidad que no dará un proceso en la Corte Penal Internacional como sugiere una OEA que en el momento clave se ofreció a mediar y acabó arrojando gasolina al conflicto.

Bolivia necesita superar el conflicto y reconciliarse, para lo que es necesario distribuir responsabilidades y asumirlas en base a la ley, pero también trazar proyectos de país de futuro, inyectar esperanza y futuro, creer que todavía podemos hacer grandes cosas juntos si nos enfocamos todos en ello. Hay que volver a creer.


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