Un Censo para un Pacto Fiscal
Urge pactar el modelo de Estado y su financiación a largo plazo en un Pacto Fiscal que deje claro por adelantado cuales son los criterios del reparto y que después se complete aritméticamente con los datos el Censo
Con buen criterio, el Gobierno de Luis Arce Catacora decidió evitar el choque de trenes con Santa Cruz. Habrá Censo Nacional de Población y Vivienda en 2022, que es exactamente cuando toca, aunque se realice en noviembre, y, por ende, no hay motivo para suspicacias ni recelos.
La realización del censo fue la primera polémica de 2021, puesto que algunos voceros del Gobierno salieron a negar la mayor ni bien el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió que se transparentaran las fechas previstas para su ejecución. No tenía sentido postergarlo, como se pretendió, y es sin duda una buena maniobra de Arce el haber corregido esa decisión.
El Censo de Población y Vivienda, en un siglo que se mueve tan deprisa, es absolutamente imprescindible tenerlo actualizado por múltiples razones. La más importante, saber quienes somos y dónde estamos y qué necesidades tenemos el conjunto de los bolivianos, pues para eso se realiza.
No es el Censo de Población y Vivienda una herramienta política que sirva para decir quienes son más y quienes son menos en función de los intereses partidarios u otras intenciones económicas casi nunca transparentes. De lo que se trata es de conocernos mejor para tener las herramientas necesarias para planificar la inversión con éxito.
Es verdad que después cada Gobierno, Gobernación y Alcaldía hace con sus datos lo que le viene en gana, y que a menudo se anticipan criterios políticos a los económicos, demográficos o sociales, pero al menos es útil tenerlo ahí para contrastar quien y por qué se está equivocando.
Hay cosas que ya sabemos que adelantará el censo, como que Santa Cruz es el departamento más poblado; que el crecimiento de Tarija se ha ralentizado; que el altiplano se vacía y que las comunidades surgen como hongos en el oriente del país. Nadie debe sentirse agraviado por los resultados y nadie debe creer que hay una sola razón para hacer el censo.
Es verdad que una de las principales aplicaciones del Censo de Población y Vivienda es el de la redistribución de recursos de la coparticipación tributaria y por ello es bueno tener clara la fecha de realización al tiempo que recordar que los resultados pueden tardar incluso años en ser publicados, como pasó con el censo de 2012.
En ese sentido, conviene que el Pacto Fiscal se deje visto para sentencia antes incluso de que se realice el levantamiento de datos para evitar así desencuentros en el futuro, pues el asunto lleva ya demasiados años entrampado.
El modelo de Estado adolece de un modelo de financiación adecuada, pues deja el sostenimiento de las estructuras municipales y de las Gobernaciones a expensas de los vaivenes de la cotización del petróleo, una cotización sobre la que no hay ninguna capacidad de influencia.
Urge pactar el modelo de Estado y su financiación a largo plazo en un Pacto Fiscal que después se complete aritméticamente con los datos el Censo, pero que deje claro por adelantado cuales son los criterios del reparto, que van más allá de la demografía, sino que deben tener en cuenta los criterios de solidaridad, pobreza, despoblación, vulnerabilidad y otros que hacen a la cohesión del Estado.
Es bueno tener una fecha para realizar el Censo, urge ahora dejar claras todas las implicaciones que tendrá. Por el bien del país.
