Ni impunidad ni aplastamiento
No vamos a descubrir en este editorial y a estas alturas la pésima administración de Justicia en nuestro país ni el uso revanchista que se hace de la misma, y no es necesario que venga la OEA a recordárnoslo, pues lo padecemos a diario
Múltiples juristas lo advirtieron, pero la Fiscalía ha decidido seguir adelante con el plan urdido en quién sabe dónde y que plantea una causa general con el título genérico “Golpe de Estado” que tipifica delitos como la sedición, el terrorismo y la conspiración tan etéreos como probablemente inútiles desde el punto de vista jurídico, aunque útiles para los políticos. En eso, este caso es idéntico al armado por el exministro de Gobierno Arturo Murillo y sus secuaces contra Evo Morales y los suyos y que básicamente se diluyó tan pronto como lo hizo el poder político.
El problema de estas causas suele ser que terminan mal, y de hecho, ya parece haber empezado mal. El sábado por la noche se conoció la aprehensión de Yassir Molina, el cabecilla del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Kochala, grupo normalizado por el citado exministro y que produjo estragos durante la gestión de Jeanine Áñez no solo en Cochabamba sino en Sucre y otros puntos del país.
Durante ese año, a la RJK se le ha identificado en diferentes tumultos, haciendo amenazas varias a grupos de tendencia distinta, portando y amenazando con armas diversas y, sobre todo, amedrentando a los vecinos. El grupo es lo más parecido a una mara en Bolivia pues hay quien lo relaciona con otros negocios ilegales, como el microtráfico de drogas y la extorsión.
Lo de ganar por aplastamiento y corretear hasta la frontera estuvo mal visto en el gobierno de Áñez y lo está ahora
El acto más aberrante al que se les vincula tiene que ver con la vejación pública a Patricia Arce en noviembre de 2019, entonces alcaldesa de Vinto y hoy senadora por Cochabamba. Arce fue golpeada, amenazada, pintada con spray además de cortarle el cabello para después exhibirla ante una multitud que jaleaba la barbarie en motocicleta. Por cierto que entre los dóciles asistentes también se encontraban efectivos policiales.
La Policía armó un operativo para aprehender a este personaje líder de la RJK, pero una vez puesto ante la jueza fue liberado sin mayores cargos, pues la denuncia tenía que ver con la portación de armas y no se aportaron mayores pruebas a la audiencia cautelar, por lo que la impunidad sigue siendo el denominador común para los actos vandálicos de la RJK como en el pasado lo han sido para oros grupos irregulares afines al Gobierno de turno.
No vamos a descubrir en este editorial y a estas alturas la pésima calidad de la administración de Justicia en nuestro país ni el uso partidario y revanchista que se hace de la misma, y no es necesario que venga la OEA a recordárnoslo, pues lo padecemos a diario.
En cualquier caso, sí es necesario recordarles a los accionantes que deben esforzarse mucho más en presentar sus casos si es que esperan que algo parecido a la justicia se imparta en este país. Lo de ganar por aplastamiento y corretear hasta la frontera estuvo mal visto en el gobierno de Áñez y lo está ahora. Los delitos deben juzgarse, la impunidad no puede reinar en el país, pero son las pruebas y no las voluntades las que determinan sentencias. Cualquier otra cosa nos vuelve a conducir a la polarización irracional, de la que nada bueno se espera ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.
